La Misión de Observación Electoral, MOE pidió  a las autoridades de control, estar alertas  frente  a los  comicios que se avecinan,  especialmente piden prestar atención  a las diferentes etapas del proceso electoral, teniendo en cuenta que en cada una de estas fases se practican  delitos de  voto fraudulento  y de corrupción al electorado.

Según  una investigación realizada por esta organización de la sociedad civil, sobre delitos electorales,  el fraude en la inscripción  cédula (trasteo de votos) y la corrupción de sufragantes  (compra de votos) son en ese orden, los delitos más denunciados en Colombia.

El informe “Hacia una Política Criminal Electoral-Denuncias electorales 2002 – 2007”  revela que desde el 2002 hasta el 2008 se han presentado sólo 6.624 denuncias en todo el país sobre este tipo de delitos, de las cuales el 37% se presentaron en las pasadas elecciones locales de 2007.  De estas imputaciones que  hacen proceso en la Dirección Nacional de Fiscalía, solo 66 han terminado en una investigación formal y  durante los últimos cuatro años únicamente  26 personas han sido condenadas por delitos electorales.

El estudio  destaca el aumento de denuncias electorales en Colombia;  en las pasadas elecciones locales de 2007 se registraron 2.052 denuncias en comparación con el año 2003 en el que sólo se registraron 957 denuncias.  Los departamentos donde más se han incrementado los  casos denunciados son Quindío, con denuncias en un 100 por ciento de los municipios;  Valle del Cauca,  el 90 por ciento;  Córdoba,  en el 89 por ciento;  Norte de Santander,  el 83 por ciento,   y  Santander,  en el 85 por ciento de sus municipios.

Según el coordinador por el Cesar de la Misión de Observación  Electoral, el sacerdote Wilson Herrera, de la Pastoral Social, Tamalameque, Agustín Codazzi, Chimichagua, La Jagua de Ibirico y Pueblo Bello, son municipios que están en riesgo electoral por  delitos al proceso electoral.

La costa, un mercado electoral

Según una encuesta realizada por la MOE publicada en el mes de febrero de este año, la Costa Caribe es donde más se observa la percepción de compra del electorado. En Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería el 51 por ciento de los votantes dijeron conocer a alguien que ha cambiado su voto por bienes materiales y el 21 por ciento dice conocer a alguien que ha recibido subsidios del gobierno a cambio de su voto; un porcentaje elevado en comparación con los porcentajes nacionales donde el 25.3 por ciento de los votantes activos en Colombia señala que conoce a alguien que ha votado por un candidato a cambio de dinero o comida.

En Barranquilla,  la última modalidad denunciada es la compra de votos con marihuana, según denuncia hecha por el candidato a la Gobernación del Atlántico, Alfredo Palencia, quien calificó de aberrante la mezcla de dos vicios la compra de votos y el consumo de drogas.

En este sentido, Orlando Vidal Caballero, Delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en Valledupar,  dijo hizo un llama a la Fiscalía General de la Nación  para que emprenda las acciones correspondientes  a los esquemas investigativos que lleven a las capturas de las personas infractoras de las normas con suficiente tiempo para evitar que se consuma el 30 de octubre.

Trashumancia electoral en 17 municipios de  Cesar

El delegado de la Registraduría Nacional asignado al departamento del Cesar, Orlando Vidal Caballero,  señaló que durante estas elecciones se han impugnado 12 mil 307 cedulas por trashumancia  electoral  en el que están implicados 17 de los 25 municipios del Departamento.

Dijo además, que a excepción de los municipios de Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, Manaure, Pelaya y  San Alberto,  el resto de municipios está involucrado en estos delitos. Según el mapa de riesgo electoral diseñado por la Registraduría,  Cesar es uno de los departamentos que está en riesgo electoral  extremo debido al voto fraudulento.

El funcionario expresó que desde la Registraduría se están haciendo los esfuerzos correspondientes para que este fenómeno no  afecte en lo posible los resultados de  las elecciones del 30 de octubre.

La necesidad de educar a los ciudadanos

El coordinador de la MOE, señaló que es urgente que la sociedad civil conozca los delitos electorales y tome conciencia  sobre  estas prácticas dañinas que  lesionan la democracia y la libertad del voto. Así  mismo hizo un llamado a la ciudadanía en general para denunciar cualquier anomalía que observen en este sentido.

Trashumancia, delito que se paga con cárcel
El delito de trashumancia electoral está tipificado como una conducta punible por el artículo 389 del Código Penal, con pena de 4 a 9 años de prisión, y el falso testimonio es sancionado por el artículo 442 del citado código con pena de prisión de 6 a 12 años.
La trashumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas.
Mediante la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expidió el Código Penal Colombiano vigente, se tipifica como delito esta conducta en el artículo 389, el cual dispone: “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquél donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”.
La trashumancia electoral es conocida como “trasteo de votos” y es calificada por las Altas Cortes como una práctica maligna y antigua que es preciso combatir y eliminar.
El ciudadano que ha incurrido en el delito de trashumancia, también estará incurriendo en el delito de falso testimonio, ya que al momento de realizar la inscripción de cédula la persona está declarando bajo juramento que efectivamente habita en la ciudad, corregimiento o inspección de policía correspondiente.
Como esta estipulado en el artículo 442 del Código Penal, “El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años”.
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Corrupción al sufragante
El delito se presenta cuando se promete, paga o entrega dinero o cualquier obsequio a un votante para que vote en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo. Esto es conocido como compra de votos.

Tanto el que “vende” como el que “compra” el voto, comete el delito, aunque las penas pueden variar dependiendo de la posición. Es importante aclarar que la acción de prometer es una simple expresión de voluntad, en cambio la acción de pagar dineros o dar obsequios a cambio de votos, requiere la entrega efectiva y material. En ambos casos no tiene relevancia si la compra de votos se materializa en la elección del candidato que comete el ilícito.

El delito de corrupción al sufragante, por su propia naturaleza, exige la intervención de por lo menos dos personas; es decir, quien promete, paga o entrega, y quien acepte o recibe. Debe aclararse que la acción de prometer, sería la única que podría realizarse de forma unilateral, o sea por el promitente.

De manera particular, la compra de votos es sancionada de dos formas: multas y prisión. Las multas oscilan entre133.33 y 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pena de cárcel puede ser fijada entre 4 años a 7 años y 6meses para quien compra el voto y entre 1 año y 4 meses y 3 años para quien lo venda. Estas penas serán aún más graves cuando la conducta sea cometida por un servidor público.

Fuente: Cartilla Irregularidades y delitos electorales