MISCELÁNEA

Por Luis Augusto González Pimienta

El afán para adecuar las listas a la ley, de modo que lleven por lo menos un 30 por ciento de nombres femeninos, no es el único problema asociado a los comicios que se llevarán a cabo dentro de 68 días para elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Al elector avezado le preocupan los altos costos de esta campaña, estimados en miles de millones de pesos, pues sabe que los patrocinadores no hacen nada gratuito. Por el contrario, esperan una recompensa a su “inversión” o por lo menos el reintegro de lo desembolsado, por dos vías: la de entrarle a saco al erario, que es la más segura y expedita, y la de reposición de gastos de campaña, siempre inferior, porque la contabilidad electoral no refleja la realidad sino que es ajustada a los topes legales.

El elector raso enfrenta otro tipo de problemas. En primer lugar, como siempre, la violencia que puedan ejercer contra él para constreñirlo a elegir a los seleccionados por los violentos o para que se abstenga de votar. El presidente de la Federación Colombiana de Municipios denunció hace poco la muerte de nueve candidatos a alcaldías y concejos en lo corrido del 2011. Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que hay alto riesgo en 199 municipios de los 1103 del país de ser afectados por grupos armados ilegales, lo que representa un 18 por ciento del total. Varios de esos municipios pertenecen al Cesar. Añade la entidad que en riesgo medio se encuentran 157 municipios más. Es un panorama desalentador.

Fuente de confusión para el común de los electores la constituyen los partidos “sancocho”, es decir, aquellos a los que les cabe de todo; no tienen una ideología homogénea, sus seguidores tienen variadas procedencias partidistas y sus hojas de vida son escrutadas con flexibilidad extrema, si acaso lo fueren. En ese rango se encuentran el partido de la U (en realidad se llama Partido Social de Unidad Nacional) en el que se impone el caudillismo de Uribe; el Polo Democrático Alternativo, cuya heterogeneidad de pensamiento y los intereses encontrados de sus líderes, lo tienen atomizado; el partido Verde, que ilusionó a muchos pero no maduró; el PIN y hasta AICO (Autoridades Indígenas de Colombia) que reparten avales a troche y moche, incluso, este último, respalda a la alcaldía de Valledupar a un candidato de raza aria con apellido de origen alemán.

Por si fuera poco, los tarjetones electorales se suman al coctel de problemas. Ante el inmenso número de candidatos a corporaciones y por diseño de las autoridades electorales, no se identificará a los candidatos por su nombre o su fotografía, sino por el logotipo del partido que lo inscribió y un número de orden preacordado. Será lo más parecido a jugar bingo, pues se marcará C 9, L 8, U 6, por ejemplo. Está situación beneficiará al voto comprado en detrimento del voto de opinión, ya que el elector que vende su voto lleva el tarjetón marcado y queda exento de duda o error. Y discúlpeseme que haga mención de algo tan despreciable como la compraventa de la conciencia; desgraciadamente es un hecho notorio.

Pasadas las elecciones comenzará la crispación por los resultados. Los escrutinios serán lentos y conflictivos en consideración a la cantidad de descabezados. Luego vendrán las demandas electorales que coparán los despachos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en procura de una credencial. Y después, todo seguirá igual, o peor, cuando los elegidos, como en el Principio de Peter, asciendan a su máximo nivel de incompetencia.