Por Pedro Medellín

Los regímenes democráticos están viviendo una paradoja. Mientras más se está debilitando la oposición política, más rápidamente se están fracturando las democracias. Y es una paradoja, porque los gobiernos parecen cada vez más empeñados en fortalecerse a costa de debilitar a los opositores, creyendo que por esa vía fortalecerán la democracia que los sostiene. Y también porque los propios opositores parecen convencidos de que su tarea carece de magnitud.
En cualquier régimen democrático, lo normal es que quien gana las elecciones es quien gobierna y quienes pierden no tienen otro remedio que oponerse a los que gobiernan. Mientras la fuerza política de los gobiernistas radica en la capacidad de estructurar políticas mejores, la fuerza política de los opositores no sólo radica en su capacidad para bloquear la acción del gobierno, sino también en su destreza para mostrarles a los ciudadanos que siempre hay una manera mejor y más eficiente de hacer las cosas.
Sin embargo, el problema aparece cuando la voracidad política de gobiernistas u opositores llevan a que los sistemas políticos terminen reduciendo los márgenes de acción de la oposición o incluso anulándola (como lo analiza Pasquino para el caso de Italia). Esto es que los que ganan, para consolidar su poder, buscan cooptar a los perdedores, o que los que pierden no tienen otro camino que adherir a los ganadores para seguir existiendo como fuerza política. En esta circunstancia, el juego democrático se desvirtúa en su parte más esencial. ¿Qué sentido tiene que un ciudadano decida votar por una u otra propuesta política, si al final los que se han enfrentado terminan trabajando unidos?.
Pero la cooptación y las adhesiones no son el único camino en el que se desvirtúa la competencia democrática. La falta de comprensión del momento histórico que le exige hacer valer la voluntad de los que no ganaron, o la falta de fuerza argumental para oponerse y a la vez ofrecer alternativas que obliguen al gobierno a corregir el curso de las decisiones equivocadas o de tránsito lento, también se constituye en un factor crucial en el debilitamiento de los sistemas democráticos.
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La dirigencia política colombiana no debería perder los hechos que están mostrando que las democracias solo se fortalecen cuando hay fuerzas políticas que, así como pueden oponerse, también pueden gobernar. Sobre todo ahora que el Partido Verde ha decidido entrar en la coalición gubernamental. No tanto porque sea una fuerza política decisiva en el Congreso, sino porque fue la fuerza política que en segunda vuelta fue derrotada por el partido del presidente Santos.
Hace algún tiempo afirmé que el Partido Verde tenía una responsabilidad: convertirse en una fuerza política calificada de oposición al Gobierno. Que al cuestionar sus decisiones no solo lo obligue a sopesar tanto, que rectifique o las pueda mejorar. También que les haga ver a los ciudadanos que hay otras formas de enfrentar los problemas. Ellos serán los que, con su voto, premiarán o castigarán a gobernantes y opositores.
La entrada de los verdes en la coalición gubernamental no le aporta nada a la consolidación del sistema político colombiano. Ni le va a permitir al Gobierno resolver algunos problemas de política que le han impedido llegar a los municipios y sus ciudadanos, ni tampoco le va a asegurar un mayor margen de maniobra. En cambio, sí debilita el sistema político. Abandonar los espacios que más de tres millones de colombianos le confirieron al Partido Verde, como fuerza de oposición, no solo significa eludir la responsabilidad política entregada por los votos, sino despreciar esos votantes que (así compartan muchas de las cosas que ha hecho el gobierno Santos) también están convencidos de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Una democracia sin oposición es una democracia que más rápidamente se fractura.