Por: José Félix Lafaurie Rivera

El TLC con Estados Unidos ha mantenido dos bandos encontrados en Colombia. El primero, busca disfrutar ese mercado lo antes posible y cruza los dedos para que luego de cinco años de dilaciones injustificadas, el Congreso del norte apruebe el acuerdo que regularía las relaciones comerciales. El segundo, en cambio, rememora con indignación las negociaciones y espera agazapado un durísimo golpe para su supervivencia. Es el grupo de sectores como el pecuario, que no ha visto en este lustro la mínima intención del gobierno americano, de avanzar en el reconocimiento de nuestro estatus sanitario y que ve, con preocupación, el descalce de la agenda pública local, para cumplir los requisitos de admisibilidad.

El “toma y daca” que suponía una negociación autocontenida, el desarrollo de una mesa sanitaria garantista y la promesa de consolidar una institucionalidad sanitaria, a la misma velocidad con la que se expondrá el aparato productivo doméstico a la competencia, duermen el sueño de los justos. Todavía nos preguntamos, cuáles son las razones de Estados Unidos, para no reconocer la certificación que le otorgara la OIE a Colombia como “país libre de aftosa con vacunación”, siendo ellos promotores y miembros activos de esa organización.

Es una barrera no arancelaria, que se suma a tantas impuestas recientemente en temas laborales, de derechos humanos y protección a sindicalistas –que ya cumplimos– y que demuestra que en estos procesos, el país sigue marchando como cordero al matadero. En plata blanca aceptamos, hace cinco años y lo volvimos hacer hoy las demandas unilaterales que, desde el principio de las rondas, expusieron los negociadores americanos y que ahora siguen imponiendo los senadores. Como si se tratara de una concesión y no de una negociación. O como si ellos no le debieran al mundo, respuestas por su política de inmigración y protección social.

Los países de altos ingresos no liberan su comercio. A la baja de aranceles, anteponen barreras no arancelarias y elevados subsidios proteccionistas, que no pueden compensar las economías en desarrollo. Economías que, en cambio, exponen su aparato productivo, en especial el agropecuario, a postores que no reparan en mecanismos para corregir asimetrías y que ponen en peligro la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de los más pobres. No en vano, esta semana la OMC cuestionó las más de 184 nuevas trabas al intercambio comercial, que han surgido tras la crisis.
El sector ganadero de Estados Unidos es 8 o diez 10 veces más eficiente que el nuestro. Mientras Colombia produce 900 mil toneladas de carne, ellos alcanzan en un año 13 millones de toneladas y es el mayor mercado del mundo en consumo de carne. Esos tamaños deberían obligar a un manejo decente en las relaciones comerciales, a cumplir y jugar limpio. Son razones que nos impiden compartir, la euforia que generaron los simulacros de votación en el Congreso americano.

El gobierno debe estar atento. El gremio ganadero lleva 1 año esperando una reunión con USDA-APHIS para definir la admisibilidad. Aunque estaba citada hace 15 días, fue reprogramada para septiembre. Además de este incumplimiento, está el asunto del acondicionamiento fitosanitario, que el país está en mora de ejecutar. Proceso que, según los diagnósticos que elaboramos con Invima y el ICA, podría extenderse hasta 2018 empezando hoy. Mala noticia, porque nuestro mercado empezará a sentir desde agosto los síntomas del TLC con Canadá. El primero que entrará en vigencia, de una seguidilla de al menos 20, que en menos de 7 años habrán derribado nuestras protecciones y durante los cuales, difícilmente habremos puesto un kilo de carne o un litro de leche en los mercados de nuestros nuevos y ricos socios comerciales.