Muchos colombianos parecen no haberse dado cuenta de la magnitud de la tragedia invernal que está padeciendo el país. Esta situación se puede explicar por varias razones, en primer lugar porque todos los años, tanto en el primer como en el segundo semestre, se presenta el problema y los medios de comunicación registran la noticia y el tema se olvida.
No obstante, en esta ocasión, con todo respeto consideramos que ha sido el mismo gobierno el que no ha comunicado con claridad la magnitud y la dimensión de la tragedia, en parte debido a que él mismo Ejecutivo no tiene toda la información sobre las consecuencias de este invierno, quizás por la estructura y la forma en que opera el Estado colombiano.
Pero también, por la intención del gobierno de dar el mensaje que todo está bajo control y que pronto, como quisiéramos todos, se superará esta situación.
Sin embargo, por la información que hemos podido compilar y analizar consideramos que el gobierno debe comunicarle al país, con toda la objetividad y sinceridad del caso, la gravedad de la tragedia, sus consecuencias a mediano y largo plazo, y una aproximación a sus costos, que marcará, de una u otra manera, la gestión del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.
Las mismas cifras oficiales hablan de unos cuatrocientos muertos, varios desaparecidos y unos tres millones de damnificados. El drama humano de por sí es tremendo y doloroso, claro.
Darle alimentación, albergue y atención básica en salud a esta cantidad de personas, ya es una tarea monumental que implica una gran capacidad de gestión para la cual el Estado colombiano no está preparado. Este es el problema humanitario, a corto y a mediano plazo.
Pero a este drama, se le agrega uno mayor: el sector agropecuario del país está seriamente afectado, son más de un millón cuatrocientas mil hectáreas inundadas, lo que afectará, sin lugar a dudas, la producción de alimentos. El daño a la ganadería tampoco se ha calculado bien todavía, pero será costosísimo.
A lo anterior, hay que sumar los costos de los daños a la infraestructura del país, que de por sí presentaba un atraso monumental, en comparación con países de un grado de desarrollo similar.
Para citar solo algunos ejemplos, basta recordar lo que ha sucedido en la Costa Atlántica, incluyendo buena parte del departamento del Cesar;  en la Sabana de Bogotá, en todas las riberas de los ríos Magdalena y Cauca; para no mencionar lo ocurrido en Antioquia y el Eje Cafetero.
El diagnóstico aún no se ha completado; los daños todavía no han sido estimados en su totalidad, la gestión del Estado ha sido lenta y descoordinada y por ello, quizás, insistimos, no se la ha comunicado bien al país el tamaño de la tragedia.
El gobierno debe delegar en el Dane la realización de un censo de los daños, con todas las de la Ley, incluyendo a todos los departamentos y municipios afectados, bajo la gravedad de juramento, por cuanto se comprometerán grandes cantidades de recursos públicos.
Ante las circunstancias antes descritas, consideramos que el gobierno debe modificar, de manera radical su Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de incluir en el mismo un Plan de Reconstrucción Nacional para atender la emergencia en el mediano y largo plazo. Las metas, los programas y los recursos del Plan original deben ser ajustados a esta nueva y dura realidad.
De lo contrario, el Congreso aprobaría un Plan desfasado, realizado sobre unos supuestos reales, por cuanto han cambiado de manera sustancial, y el gobierno generaría unas falsas expectativas, por cuanto todos los recursos, quiera el gobierno o no, se los llevará ese programa de reconstrucción.  Confiamos en la capacidad y la idoneidad técnica del Director de Planeación y su equipo de asesores, al igual que en los del Ministerio de Hacienda, y los demás organismos involucrados en las políticas económicas.
Es al alto gobierno al que le corresponde darse la pela y reconocer que, ante la fuerza de las circunstancias, el Programa “Prosperidad para todos”, tiene que ser aplazado para concentrarnos en hacer bien esta reconstrucción del país. Esta vez se cumple aquello que lo urgente, muchas veces, desplaza lo importante. Aún es tiempo para rectificar.
Ese Plan de reconstrucción puede y debe ser el eje central de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, tendría un impacto económico en el corto y en el mediano plazo, ayudaría a solucionar graves problemas sociales y se podría convertir, si se hace de manera eficiente y transparente, en el mayor impulsador del desarrollo económico del país en los próximos tres años, por lo menos.
Es probable que ese reajuste implique un aumento de impuestos, sin duda una nueva política de endeudamiento y una gran labor de gerencia pública y control fiscal para evitar que estos billonarios recursos se queden en las cañerías de la corrupción y la politiquería. De ese tamaño es el reto…