Recogemos las voces sobre la controversia que ha generado el proyecto que busca crear el impuesto de la ‘Tasa de seguridad’, una iniciativa que ya surtió el primer debate en la Asamblea Departamental del Cesar, a la cual se oponen diversos sectores productivos y líderes políticos.

Este jueves hubo protestas y se ha venido conformando un grupo opositor de ciudadanos integrado por exdiputados, exfuncionarios públicos, líderes gremiales, empresarios, entre otros, además de la diputada Claudia Margarita Zuleta, quien rechaza la medida.

El tema pone de manifiesto la necesidad de hacer un estudio cuidadoso de este tipo de decisiones que, a pesar de justificarse en medio de la crisis de inseguridad en la que vivimos, afecta el bolsillo del sector productivo de la región. Por ello, debieron explorarse otras alternativas de financiación por parte del Gobierno del Cesar, que es el autor del proyecto. El impuesto va dirigido a estratos 4, 5 y 6, al comercio y a la industria, cuyo recaudo sería mediante el recibo de Afinia, en el que se cobrará una tasa entre el 9 % y el 10 % sobre el total de ese servicio.

El proyecto también ha servido para medir la capacidad de reacción de los voceros de los distintos sectores y personas con cierta representatividad, quienes han logrado unirse en torno a esta causa. Encabezan el grupo los exdiputados Víctor Martínez e Hilario Añez, Gustavo Cabas y ‘Yiyo’ Martínez como ciudadanos activos; el líder gremial ganadero Hernán Araújo Castro, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón; el exprecandidato a la Alcaldía de Valledupar, ‘Chongo’ Amaya, el embolador Dago, entre otros.

Este grupo considera que este impuesto, en estos momentos, es improcedente e inoportuno, debido a la crisis económica que se registra en la región. Además de la fragilidad del sector productivo, es evidente la falta de capacidad de pago en todos los estratos sociales.

Por todo esto, no se puede descartar la posibilidad de financiar la seguridad acudiendo a otras fuentes de recursos de las que dispone el departamento, a las que se les podrían hacer ajustes para obtener recaudos en pro de garantizar la tranquilidad ciudadana, sin perder de vista el compromiso de los entes nacionales en esta materia. No puede ser una lucha unilateral de la institucionalidad departamental, aquí se requiere la articulación de fuerzas de las distintas instancias gubernamentales de todos los ámbitos.

Preocupa que el efecto del cobro de este nuevo impuesto derive en más desempleo. “Las empresas se van a ver obligadas a sacar empleados para poder garantizar el pago del servicio de energía. Eso no es un buen mensaje que está enviando el gobierno departamental”, asegura Víctor Martínez. No obstante, es preciso advertir que sin seguridad tampoco es viable cualquier actividad de la economía regional. Urge, entonces, encontrar la mejor salida a este complejo problema.

Desde ya, este grupo de ciudadanos activos anuncia que, de aprobarse el proyecto, están listos para demandar dicha ordenanza. En las próximas horas, emitirán un comunicado pidiéndole tanto al Gobierno departamental como a la Asamblea del Cesar que reconsidere la iniciativa. El próximo lunes habrá una reunión ampliada en la que se espera que participen los voceros de todos los sectores.

Si bien se justifica el intento de encontrar una solución para enfrentar la creciente inseguridad, también es cierto que nuestra gente no resiste una carga tributaria más, pero espera que cesen ya los hurtos, homicidios, secuestros y extorsiones.