La Ley 769 de 2002 define el marco teórico del Código Nacional de Tránsito, cuyo contenido abarca todo lo relacionado con la seguridad vial y establece los responsables de velar por su cumplimiento, lo mismo que las obligaciones que le competen al ciudadano frente a esta norma.

Es una norma completa y muy bien concebida, pero en Valledupar, al igual que en la mayoría de ciudades del país, esta nadie la cumple y tampoco hay quien la haga cumplir. Son evidentes las constantes violaciones e infracciones viales que se presentan en esta capital, en especial por parte de la mayoría de los motociclistas, un alto porcentaje de ellos, y también de otro tipo de vehículos, ignora los semáforos y en general todas las señales de tránsito sin que ninguna autoridad ejerza control alguno.

Esto no es nuevo en Valledupar, lo que más preocupa es que el problema en lugar de comenzar a resolverse este va en aumento vertical, convirtiendo a esta ciudad en una de las de mayor problema de movilidad de la región, aquí el tráfico vehicular es un caos total, lo cual se refleja en las altas estadísticas de accidentes viales, causa que en el año 2023 ocasionó la muerte de 71 personas en esta capital, según reportó la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

“Alerta en Valledupar por incremento en muertes por accidente de tránsito: van más de 30 muertes en este año”, ese fue el titular del periódico El Tiempo, el 6 de junio de 2024, en el que señala que “el dato consolidado del análisis realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante el periodo enero-abril de 2024, registra 33 fallecidos. Una cifra relativamente alta frente al 2023, ya que el acumulado del mismo periodo fue de 18 personas fallecidas. La mayoría de las víctimas se movilizaban en motocicletas. El aumento de estas cifras ha sido significativo, ya que el comparativo de muertes por accidentalidad vial respecto al año anterior, representa una variación del 83.33 por ciento”.

Desde luego que estos reportes son preocupantes y, pese a que legalmente se cuenta con todas las herramientas para hacerle frente a la situación, lo que más desconcierta es que en Valledupar, desde el punto de vista logístico y operativo, no se ve una solución a corto plazo ante semejante monstruo que se ha apoderado de la ciudad. Solo se notan algunas acciones aisladas que parecieran obedecer a intereses económicos del operador que tomó en concesión la regulación del tráfico, porque solo se ha dedicado a la aplicación desbordada de las fotomultas por mal parqueo, dejando de lado los puntos más críticos del problema. Se necesitan más agentes de tránsito y efectivos de la Policía vigilando las vías de esta capital.

La Ley 769 de 2002 es expedita en señalar los controles y los responsables de todo el tema vial, la cual hace énfasis en la adopción de planes estratégicos de seguridad vial que deberían estar operando mediante la articulación de las distintas entidades, en especial a través de convenios entre el municipio y la Policía Nacional para ponerle dientes a esa norma y obligar su cumplimiento, pero en la actualidad nada de eso ocurre en Valledupar, cuya responsabilidad no es solo de la administración municipal sino también de varios entes como Gobernación del Cesar, Ministerio de Transporte, entre otros del orden nacional. ¿Qué han hecho al respecto y quién responde por las víctimas?

Volvemos a insistir en el llamado a que tanto las autoridades como la ciudadanía adopten una mayor conciencia y respeto por las normas de tránsito. Las infracciones cobran vidas, muertes que podrían evitarse con un compromiso de todos.