En medio de otro escándalo público hace unos días salió a relucir otra de las tantas picardías suscitadas en la Fiscalía que involucró esta vez a la señora Claudia Elena Lozano Doria, quien fue condenada en segunda instancia a más de 12 años de prisión por el delito de fraude procesal y otros. 

La sentencia de 44 páginas, entregada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal- confirmó el fallo proferido el 17 de enero de 2024, por el Juzgado 22 Penal del Circuito. La condenada se posesionó como fiscal en 12 ocasiones sin el título de abogada. 

Este proceso penal duró varios años. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con ponencia de la magistrada Xenia Rocío Trujillo Hernández confirmó la condena. 

Increíble pero cierto, la ilegítima abogada puso de burla a todo el poder judicial y se paseó por todos los estrados judiciales mostrando títulos, certificaciones y otros documentos adulterados para ejercer los cargos cuyo requisito formal era ser abogada titulada y con especialización que ella no había cursado, les hizo mamola a todos.

Sentó cátedras ante sus “colegas” y sus decisiones judiciales como investigadora de un ente que desde hace muchos años está cuestionado.  

Mis consejeros periodísticos Tiochiro y Tíonan dicen que la posesionaron porque nunca le revisaron y ratificaron sus títulos, solo veían el “chulo” del recomendado político, mientras cientos de jóvenes juristas con postgrados pasean las calles del país sin trabajo. 

A mis consejeros periodísticos le dijeron que ‘fue un soplón’ quien la acusó y prendió el ventilador. El proceso caminó casi que solito, porque era muy evidente y descarado el delito que todo mundo veía, menos la defensa de la señora Claudia. La defensa usó –repito- toda la artillería jurídica para hacer prescribir el proceso, demostrar que eran mentiras los falsos documentos y que ella no tenía títulos, pero era abogada, algo así como “estoy y no estoy” o “me fui pero me quedé”.

Precisamente, mis consejeros periodísticos sostienen que a lo largo del proceso la defensa hizo maravillas para demostrar que la hoy condenada no es culpable de nada y usó la figura de recusación contra casi todo mundo.

Se considera que los abogados que fueron contratados para la defensa de Claudia tenían como objetivo demostrar que eran mentiras, embusterías y realismo mágico de la fiscalía. Unos abogados defensores que tratan de demostrar que una mentira es verdad, que lo falso es original y que la justicia se muestra malévola contra una ciudadana. 

Permítame anotarles sin desmeritar a nadie, que estos abogados defensores pelearon “jurídicamente” lo que en ese sentido no se puede demostrar. He aquí donde digo que pareciera que el Derecho confunde los derechos de las personas.  

Uno mira impávido cómo el Estado pone a todo el aparato judicial a investigar un caso que hasta el invidente compositor Leandro Díaz Duarte lo vería.   

Tristemente, acude a sus empleados, a todo el poder judicial para demostrar lo que está demostrado mientras que los defensores y la acusada parecieran las víctimas. Entonces, hay que indemnizar a los culpables y castigar a las víctimas. En fin, cambiar el sol por la luna. 

Se podría concluir que el verdadero sentido y objetivo del Derecho y el litigio es demostrar una verdad a pesar que la mentira es evidente, tangible e irrefutable. Es decir, que Claudia no falsificó los documentos, sino que otros lo falsearon y ella se aprovechó, los defensores merecen aplausos.  Semejante teoría de la defensa perturbó por meses a los verdaderos jueces y fiscales. Qué dirá la Corte en el recurso de casación. Amanecerá y veremos.  Hasta la próxima semana

Por: Aquilino Cotes Zuleta,