La educación lleva muchos años siendo protagonista de los debates políticos. En los últimos años, al referirnos a la educación nos hemos familiarizado con términos como calidad, inclusión, cobertura, competencia, además de “adoctrinamiento”.

La última campaña presidencial llevó a organizaciones que usualmente tenían un protagonismo tangencial a involucrarse más explícitamente y varios sindicatos aportaron altas sumas de dinero. De hecho, a raíz del aporte de FECODE se exacerbaron algunos ánimos en su contra.

Como consecuencia de lo anterior, se espera que el discurso de las mejoras educativas reales, o al menos tangibles, sea un hecho reincidente. La ley estatutaria de la educación cambió de esperanza inicial a decepción porque el proyecto que se discutía terminó excediendo los intereses de aquellos gremios y en el caso del SENA pretendía concretar el viejo sueño de algunos políticos de integrarlo al Ministerio de Educación, lo cual implicaba, aparte de las variaciones en los perfiles de los instructores, un recorte presupuestal devastador para la institución.

El proyecto final era tan diferente, tan cargado de “micos”, que más de 200 importantes actores de la educación la cuestionaban pues implicaba “una estrategia frente a riesgos como: limitación de la autonomía; desbalance financiero sistémico; desconexión entre diferentes niveles del sistema, y tendencia a la estatización de la educación que, con algunas excepciones notables, ha mostrado falencias en la calidad educativa”. El miércoles se hundió. Por ser estatutario no puede presentarse en las extraordinarias.

En muchos foros se reitera como meta deseable que se debe evaluar a los profesores de acuerdo con los resultados de la prueba Pisa. Lo cual es buena idea para vender al ciudadano común, y mucho más a aquellos que miran a FECODE como un simple nicho de adoctrinamiento. A quienes solicitan este punto, es bueno que tengamos en cuenta unas matemáticas básicas, por ejemplo, con información de Datosmacro.com: en 2021 Finlandia tenía un PIB de 14.312,9 millones de euros, lo cual daba un per cápita anual de 45.230 euros. Ello terminó distribuido en educación a razón de 2.583 euros por habitante. Mientras en Colombia el gasto público en educación fue de 204 euros por habitante. Equivalente al 3,92 % del PIB total de 265.654 euros. Viendo las grandes diferencias en las cifras es lo mismo que comparar los resultados educativos de un estudiante de estrato 1 con un estudiante de estrato 6. ¿Hay alguna posibilidad de que haya justicia o equidad en esos resultados? Estamos hablando de una diferencia de 2.379 euros (COP $10´995.738) entre un habitante de Finlandia con respecto a uno de Colombia. 

Hablemos de la formación de los docentes, etc. Mientras los educadores en Finlandia se escogen entre los mejores estudiantes del sistema, en preescolar muchos docentes poseen un título de doctorado; aquí el mayor porcentaje de los estudiantes que terminan en las facultades de educación no hacen parte precisamente de ese pool de los mejores, y solo hasta hace poco se han alcanzado los títulos de pregrado en un alto porcentaje. Esto sin tener en consideración otros detalles como las infraestructuras educativas, y la corrupción enquistada en los programas de apoyo como el PAE y el transporte que entran a formar parte de los 204 euros arriba mencionados. Por supuesto que nos alegra que por fin la educación se mantenga en los primeros planos de la discusión diaria de los colombianos. Enaltece que se reclame equidad y justicia en los indicadores, pero sin olvidar jamás que hoy estamos a más de 11 millones de diferencia per cápita con los países que encabezan los mismos.

Por: Cenaida Alvis Barranco.