Un mal diseño en la arquitectura de la Constitución Nacional que nos rige es la responsable que se dilate la elección de fiscal general de la Nación, de la terna que conforman tres mujeres sin tacha: Luz Adriana Camargo, Amelia Pérez Parra y Ángela María Buitrago, escogencia que se hace por mayoría calificada, lo que demanda reunir 16 votos, un ‘lobby’ nada fácil de cara a los 23 magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, escenario que dificulta la elección porque cada togado tiene sus intereses.

Es la argumentación del abogado Tito Hernández Caamaño, consciente de que una mayoría simple facilitaría la elección con menos votos para hacer el quórum, lo que implicaría una reforma constitucional o del reglamento interno del alto tribunal, sin las dilaciones por entuertos en la que, hecha la norma, hecha la trampa.

No son nuevas estas dilaciones en la elección del Fiscal general, con el precedente de Guillermo Mendoza Diago, quien ejerció año y medio largo (1 de agosto de 2009 a 11 de enero de 2011) como fiscal general de la Nación en calidad de encargo, en reemplazo por vencimiento de período (4 años) de Mario Iguarán Arana, afecto a Uribe, hasta la elección de la abogada Vivianne Morales Hoyos, que fue anulada por el Consejo de Estado al considerar que se presentaron vicios de fondo en la votación en la Corte Suprema de Justicia.

La Corte le devolvió al presidente Álvaro Uribe Vélez la terna de los candidatos, integrada por Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina, estos dos últimos cuestionados por supuestas irregularidades en su desempeño, suceso que desencadenó un rifirrafe entre  la Corte, indignada por las chuzadas y  Uribe amenazando con llevar al pueblo la elección del fiscal y tildando de sepulcros blanqueados a los magistrados de la alta Corte que ya comenzaba a investigar la ‘parapolítica’,  fantasma que revive en el mandato Petro por la elección de fiscal.

Alude el jurista, académico y escritor chiriguanero, que la Constitución del 91 prohíja una serie de inconsistencias y fomenta la corrupción como colcha de retazos y reducto de intereses de todo orden que le gustaría plasmar, si la vida le da licencia, en su próximo libro, sin ser tratadista, pero consciente de que el derecho no es justicia, es interpretación de la ley con una alta carga de intereses. 

En contraposición y alrededor del mismo tema surgen comentarios en distintas opiniones y direcciones, de que la Corte viola la Constitución al no elegir Fiscal, afirmación hecha por el abogado constitucionalista, William Alvis Pinzón, basado en el artículo 209 de la carta política, donde se consagra que la Corte Suprema de Justicia en la elección de Fiscal actúa como autoridad administrativa y no como Juez, pero es la jugadita para encargar a la Vicefiscal, Martha Mancera, muy cuestionada e incondicional del Fiscal Francisco Barbosa, quien ahora le solicita nombramiento al presidente Petro al cesar sus funciones como fiscal. 

La Corte infringe los principios de transparencia, celeridad, eficacia y moralidad cuando debió elegir Fiscal antes que terminara el período de Barbosa, independiente de la autonomía judicial del alto Tribunal, que se utiliza como estratagema para desviar la atención del debate y desinformar a la opinión pública, frente a una terna de lujo que integran sólo mujeres.

Cuando se es autoridad administrativa las presiones sociales y ciudadanas son legítimas, aseveró el jurista, quien le solicitó a la Corte, como válvula de escape a esta polarización institucional, elegir ‘ya’ fiscal de la terna que hace 4 meses puso a consideración de la Corte el presidente Petro, rechazando eso sí cualquier acto de violencia porque no es el camino para lograr las luchas y reivindicaciones sociales.

Miguel Aroca Yepes.