Para el pasado primero de febrero estaba programada la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, del departamento del Cesar. Sin embargo, a raíz de un control preventivo de advertencia de una veeduría, la Gobernación del Cesar decidió aplazar la adjudicación del contrato de $55.304 millones, al que, como es costumbre, solo se presentó un oferente por cada sector. 

La decisión de reprogramar surgió porque la veeduría Funcicaribe aseguró que los proponentes de la Unión Temporal PAE Cesar Norte no tienen las locaciones que demanda el contrato. Ahora surgió otra denuncia de la ‘Veeduría nacional’, por presuntas irregularidades e inconsistencias en la evaluación y en la experiencia aportada por las propuestas. 

Alimentos y Suministros del Cesar, integrante de la Unión Temporal, fue creada y registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar hace menos de dos meses y medio (24 de noviembre de 2023). Lo más grave, denuncia la veeduría, es que “no se avizora el cumplimiento de la capacidad jurídica, respecto a su objeto social para el suministro de alimentación escolar”, pues solo se tiene la competencia para desarrollar “Interventorías, auditorías, y consultorías a proyectos estatales y privados en programas de alimentación escolar y transporte escolar”. 

La veeduría denuncia que en ninguno de los numerales y literales del objeto social establecido en el certificado de existencia y representación legal establece la capacidad de suministrar alimentos, y “mucho menos dentro del marco del plan de alimentación escolar”. 

Igualmente, incumpliría la normatividad referente a la promoción de la actividad física y ambientes escolares saludables, entre otras, que para la veeduría deberían llevar a causal de rechazo, contrario a la decisión que tomó el comité evaluador de la Gobernación del Cesar, el cual declaró hábil la propuesta. 

LA OTRA DENUNCIA

El único proponente para el sur del departamento es la Unión Temporal Cesar Adelante, integrada por LE & VE Alimentos Macsol, cuya representante legal es Marisol Vela Gómez, y Alimentos Capital, con la representación legal de Paola Andrea Suárez. 

Para la veeduría, el documento aportado para acreditar la experiencia, expedido por Correagro S.A., no cumple las disposiciones. En primer lugar, porque los documentos de soporte de la experiencia del Proponente o de sus integrantes, deben ser expedidos por la entidad contratante (esto es, la persona para la que se ejecutó el contrato), y Correagro solo participó como comisionista (intermediaria) para seleccionar al operador. 

“Se vislumbra elementos e indicios que probarían una presunta irregularidad y vicio de procedimiento en la evaluación realizada por la entidad sobre las propuestas presentadas, pues en las certificaciones de experiencia aportadas por los proponentes, carecen de los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, y la entidad omitió en requerir para que se aclarara o subsanara”, concluye la veeduría. 

La Gobernación del Cesar está estudiando los argumentos de las veedurías y no ha definido nueva fecha para adjudicar los contratos.