Se conocieron esta semana los indicadores de las pruebas Pisa, practicadas a 700.000 estudiantes en el país y que busca medir la calidad del aprendizaje que estamos ofreciendo a nuestros niños y jóvenes. Los resultados fueron francamente deplorables. Caímos en todos los indicadores: 71 % por debajo del nivel considerado como mínimo básico en matemáticas y 51 % en ciencias y lectura. Ni Bogotá se salvó de esta debacle.

Contrasta con estos resultados el esfuerzo que año tras año venimos haciendo en cuanto a los recursos destinados al sector, que fueron para 2023 de 57 billones de pesos y que para 2024 se incrementarán a más de 70 billones, por muy lejos el de mayor cuantía, 10 billones más que el de salud, 55 billones más que el de transporte y 61 billones más que el destinado a la justicia. En Colombia está más que demostrado que un aumento de los recursos destinados a la educación no es suficiente y, yo diría, ni siquiera requisito para obtener mejoras significativas en la calidad y pertinencia de la educación.

Porque esta obedece primordialmente a la excelencia de los docentes, lo cual en este país dejó de ser un objetivo por alcanzar, toda vez que hace décadas Fecode se apropió del sector. Sus principales banderas han sido incrementar los ingresos de los maestros e impedir que cualquier sistema serio y exigente de evaluación se aplique en el país. La evaluación existente es una pantomima que no tiene ninguna consecuencia en la práctica para los evaluados. Forzoso es concluir que este sindicato de privilegiados llamado Fecode es el verdadero responsable de la mediocridad de nuestro sistema educativo.

Comparto con Petro que la educación requiere un nuevo rumbo. Pero no el que contempla el proyecto que esta semana hizo tránsito en la Cámara de Representantes de manera subrepticia. De nada sirvieron las ponderadas observaciones formuladas en este diario por Moisés Wasserman, Francisco Cajiao y Fernando Sánchez. Tampoco las señaladas por la Asociación de Universidades Privadas (Ascun). Tiene, además, mucha razón Jaime Arias cuando acusó al proyecto de estar lleno de banderas ideologizadas y propósitos políticos.

Pero claro, este gobierno, que todo lo quiere estatizar, ha puesto ahora los ojos en la educación y de la mano del proyecto de ley referido pretende, y sin decirlo abiertamente, eliminar todos los espacios de participación del sector privado. Porque este a lo que apunta es a un régimen de transición, que podría culminar en la cobertura total por parte del Estado. De no ser así, ¿por qué no establece el proyecto de reforma cómo deben participar los particulares en el proceso formativo desde el acceso, la permanencia y la culminación en todos los niveles? Otra pregunta obligatoria: ¿querrá el Gobierno llegar a fijar a su arbitrio las tarifas de la educación privada?

Un aspecto positivo del proyecto es que establece el principio de gratuidad, pero podría este principio acompañarse del criterio de que la gratuidad se ofrezca solo a los que efectivamente la requieran.

No veo en nada orientado este proyecto a lo que requiere el país. Mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, avanzar hacia la universalización con un sistema incluyente que permita no solo el acceso, sino que asegure la permanencia y reduzca las brechas entre lo urbano y lo rural, entre regiones y entre públicos y privados. Todo esto pasa por mejorar la eficiencia, la transparencia y la buena gestión del sector. Todo lo cual supone recuperar una educación pública fuerte y de calidad y que hoy se encuentra politizada y privatizada en cabeza del sindicato más rico y poderoso del país, que marcha más de lo que educa y pide bastante más de lo que da.

Por: Germán Vargas Lleras