La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1250 del 26/07/2023 que regulaba la gestión del agua en el departamento de La Guajira, fundamentado en el decreto 1085 del 02/07/2023 que establecía la Emergencia Económica, Social y Ecológica de este ente territorial.
Por Luis Napoleón de Armas P.
La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1250 del 26/07/2023 que regulaba la gestión del agua en el departamento de La Guajira, fundamentado en el decreto 1085 del 02/07/2023 que establecía la Emergencia Económica, Social y Ecológica de este ente territorial.
Igual suerte corrieron siete de los once dictados con fundamento en la emergencia. Contrario sensu, esta misma corporación había instado al Estado colombiano a resolver sus problemas. No me atrevo a afirmar que exista una confabulación contra el presidente Petro, pero sí una lápida contra esa etnia.
No soy abogado, pero entiendo que las constituciones políticas de cualquier país son un conjunto de normas de consenso y autorregulación de nuestras actividades pero que no pueden estar por encima de la vida misma regida por las leyes naturales. Cuerpo y espíritu de las constituciones no tienen origen divino, son decisiones humanas las que le dan forma de ley, concebidas generalmente no por abogados ni por constitucionalistas, algunos de ellos representantes de mafias diversas, agrupados en una institución llamada congreso o poder legislativo. Incluso, muchos de ellos desconocen su propia misionalidad y las realidades territoriales, pero repiten que nadie ni nada está por encima de la constitución y de la ley; dura es la ley, pero es la ley dirán con ínfulas jurídicas muchos rábulas del país.
Ninguna norma debe estar por encima de la vida. Una constitución es un ente abstracto y maleable que lo acomodan a ciertos intereses específicos; esta concepción teórica y draconiana que muchas veces atenta contra las necesidades del homo requiere una revisión antropológica con urgencia.
La Guajira es uno de los departamentos parias de nuestra variada nacionalidad donde los recursos de la nación y los propios de las regalías mineras se los engulle una casta privilegiada de caciques no wayuu. Si mal no recuerdo, en épocas del ‘Tite’ Socarrás, la vida en La Guajira era más placentera y la península era más espléndida y segura. Este es el tercer ente territorial que mayores regalías recibe cada año, después del Meta y del Cesar, pero los indicadores no mejoran.
Los mayores sacrificados son los niños wayuu irredentos en un desierto inhóspito y sin esperanzas. La verdad de La Guajira no se puede tapar con una decisión jurídica por respetable que parezca, los guarismos sociales son concluyentes, la desnutrición y enfermedades prevenibles de los wayuu son inocultables.
En 2005, la tasa de muertes por desnutrición de la niñez (menores de 5 años) fue de 34.1 por cada 100.000 nacidos vivos y en 2022, fue 24.6. Esto indica que en 17 años solo disminuyó 10.5 puntos a una tasa promedia anual de 1.9%. En 1970, la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos (< 1 año) fue de 64.5 mientras que al finalizar 2021 se ranqueó en 20.76, esto es, disminuyó 43.5 puntos en 51 años, bajando a una tasa anual promedia de 1.7%.
Y, ¿cómo están los indicadores de pobreza? La monetaria en 2002 fue 67.2% y en 2022, 64.4%; en 20 años solo disminuyó 3.2 puntos; en el caso de la pobreza extrema, la situación es más dramática al pasar de 31.1% en 2002 al 37.1% en 2022, creciendo 6 puntos a una tasa promedia anual de 0.8%. Significa que los problemas de La Guajira tienden a deteriorarse, sin solución de continuidad, pero cuando algún presidente quiere arreglarlos, aparece la Constitución de Hammurabi, una muralla imbuida de retórica santanderista, carente de alma y pragmatismo constitucional.
Estos indicadores son similares a los de Ruanda, país suroriental de África. Aquí pueden haber sucedido dos cosas: o los gobernantes de La Guajira no saben cómo bajar un punto porcentual en el comportamiento de una variable ni cuanto es su monto, o lo saben, pero no tienen interés en resolver los problemas de calidad de vida de su territorio porque dinero que inviertan en ello es dinero que no entra a sus espurias abultadas cuentas bancarias. Todo esto tiene un contrasentido: en la medida en que crecen los problemas socioeconómicos, también crece la irracionalidad de las cortes; esta es una democracia de pacotilla. ¡Viva la democracia!
La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1250 del 26/07/2023 que regulaba la gestión del agua en el departamento de La Guajira, fundamentado en el decreto 1085 del 02/07/2023 que establecía la Emergencia Económica, Social y Ecológica de este ente territorial.
Por Luis Napoleón de Armas P.
La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1250 del 26/07/2023 que regulaba la gestión del agua en el departamento de La Guajira, fundamentado en el decreto 1085 del 02/07/2023 que establecía la Emergencia Económica, Social y Ecológica de este ente territorial.
Igual suerte corrieron siete de los once dictados con fundamento en la emergencia. Contrario sensu, esta misma corporación había instado al Estado colombiano a resolver sus problemas. No me atrevo a afirmar que exista una confabulación contra el presidente Petro, pero sí una lápida contra esa etnia.
No soy abogado, pero entiendo que las constituciones políticas de cualquier país son un conjunto de normas de consenso y autorregulación de nuestras actividades pero que no pueden estar por encima de la vida misma regida por las leyes naturales. Cuerpo y espíritu de las constituciones no tienen origen divino, son decisiones humanas las que le dan forma de ley, concebidas generalmente no por abogados ni por constitucionalistas, algunos de ellos representantes de mafias diversas, agrupados en una institución llamada congreso o poder legislativo. Incluso, muchos de ellos desconocen su propia misionalidad y las realidades territoriales, pero repiten que nadie ni nada está por encima de la constitución y de la ley; dura es la ley, pero es la ley dirán con ínfulas jurídicas muchos rábulas del país.
Ninguna norma debe estar por encima de la vida. Una constitución es un ente abstracto y maleable que lo acomodan a ciertos intereses específicos; esta concepción teórica y draconiana que muchas veces atenta contra las necesidades del homo requiere una revisión antropológica con urgencia.
La Guajira es uno de los departamentos parias de nuestra variada nacionalidad donde los recursos de la nación y los propios de las regalías mineras se los engulle una casta privilegiada de caciques no wayuu. Si mal no recuerdo, en épocas del ‘Tite’ Socarrás, la vida en La Guajira era más placentera y la península era más espléndida y segura. Este es el tercer ente territorial que mayores regalías recibe cada año, después del Meta y del Cesar, pero los indicadores no mejoran.
Los mayores sacrificados son los niños wayuu irredentos en un desierto inhóspito y sin esperanzas. La verdad de La Guajira no se puede tapar con una decisión jurídica por respetable que parezca, los guarismos sociales son concluyentes, la desnutrición y enfermedades prevenibles de los wayuu son inocultables.
En 2005, la tasa de muertes por desnutrición de la niñez (menores de 5 años) fue de 34.1 por cada 100.000 nacidos vivos y en 2022, fue 24.6. Esto indica que en 17 años solo disminuyó 10.5 puntos a una tasa promedia anual de 1.9%. En 1970, la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos (< 1 año) fue de 64.5 mientras que al finalizar 2021 se ranqueó en 20.76, esto es, disminuyó 43.5 puntos en 51 años, bajando a una tasa anual promedia de 1.7%.
Y, ¿cómo están los indicadores de pobreza? La monetaria en 2002 fue 67.2% y en 2022, 64.4%; en 20 años solo disminuyó 3.2 puntos; en el caso de la pobreza extrema, la situación es más dramática al pasar de 31.1% en 2002 al 37.1% en 2022, creciendo 6 puntos a una tasa promedia anual de 0.8%. Significa que los problemas de La Guajira tienden a deteriorarse, sin solución de continuidad, pero cuando algún presidente quiere arreglarlos, aparece la Constitución de Hammurabi, una muralla imbuida de retórica santanderista, carente de alma y pragmatismo constitucional.
Estos indicadores son similares a los de Ruanda, país suroriental de África. Aquí pueden haber sucedido dos cosas: o los gobernantes de La Guajira no saben cómo bajar un punto porcentual en el comportamiento de una variable ni cuanto es su monto, o lo saben, pero no tienen interés en resolver los problemas de calidad de vida de su territorio porque dinero que inviertan en ello es dinero que no entra a sus espurias abultadas cuentas bancarias. Todo esto tiene un contrasentido: en la medida en que crecen los problemas socioeconómicos, también crece la irracionalidad de las cortes; esta es una democracia de pacotilla. ¡Viva la democracia!