Los últimos hechos de la vereda La Guitarra, del corregimiento de Mariangola, de un mes de conversaciones entre 50 campesinos que marcharon encadenados en Valledupar, en procura de que les entreguen las tierras prometidas por el Gobierno, nos recuerdan la larga lucha por la tierra que ha vivido Colombia, y también presente en Cesar y la Guajira. Por fortuna se definió una agenda de compromisos con la participación de la Procuraduría, la ANT, URT, IGAC, entre otros organismos.

En nuestros territorios se está librando una batalla silenciosa, que involucra a comunidades indígenas, campesinos, grandes empresas y el Estado, y gira en torno a la posesión y el uso de la tierra. Esta problemática tiene raíces profundas y se ha intensificado en los últimos años, desencadenando un debate acerca de la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la tenencia de la tierra.

El conflicto por la tierra en el Cesar y La Guajira se manifiesta en varias dimensiones. Por un lado, se encuentran las comunidades indígenas wayúu, arhuacos, koguis, wiwas, yukpas, entre otras, que han vivido durante generaciones dependiendo de la tierra para su sustento y su cultura. Su acceso a la tierra es esencial para su forma de vida, y la defensa de sus territorios ancestrales, cuyo objeto de delimitación (líneas) indígena sigue siendo tema de discusión.

Por otro lado, tenemos unas grandes empresas, principalmente en el sector de la minería y la agroindustria, que han adquirido vastas extensiones de tierra en la región. Algunas no han sido rigurosas con el medio ambiente y la debida consulta a las comunidades locales. En ciertas situaciones las pretensiones de indígenas han sido excesivas como registra la escasa pero maltratada población yukpa que ha pretendido, por su autopretendida condición nómada, cuando en realidad habitaban en la serranía de Perijá de Colombia y Venezuela, extender su territorio ancestral hacia el occidente hasta el río Cesar.

El papel del Estado en este conflicto es crucial y ha priorizado los intereses económicos sobre los derechos humanos y ambientales, haciendo persistir conflictos por la tierra.

La lucha por la tierra es manifestación de un conflicto más amplio, mundial, entre la explotación de recursos naturales, el desarrollo y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Está en camino una reforma agraria de redistribución de la tierra en el departamento, liderado por el gobierno Petro, en acuerdo con Fedegán y, en general, propietarios rurales. En Cesar había hasta septiembre 27.000 familias solicitantes de tierra (en Córdoba 53.000, Sucre 47.000, Magdalena 18.000, Guajira 8.000) que a razón promedio de 10 hectáreas arroja la necesidad de compra comercial de 270.000 hectáreas.

Dudamos de la capacidad administrativa y presupuestal para lograrlo en el periodo Petro, pero estamos atentos a que se nos presente un programa factible plurianual. Una verdadera transformación, multimillonaria si incluimos la gran inversión requerida encima, que puede doblar el valor comercial de la hectárea, para hacerla realmente productiva.