En la más reciente encuesta realizada por Invamer, la preocupación por la inseguridad emerge como uno de los desafíos más prominentes en Colombia. A medida que se acercan las elecciones regionales de 2023 en Colombia, la inquietud por la seguridad se posiciona como el asunto principal al que los ciudadanos esperan que los futuros alcaldes y gobernadores atiendan.

Cuando se les preguntó sobre los problemas actuales de la ciudad que desearían que el próximo alcalde o alcaldesa abordara, los resultados fueron los siguientes: en Bogotá, un 79,4 % destacó la inseguridad; en Medellín, aunque en menor medida, un 54,3 % también consideró la inseguridad como una prioridad.
En el marco de los debates políticos en curso, los siete aspirantes a la alcaldía de Bogotá están presentando sus propuestas para atender la urgencia. Coinciden en contar con una fuerza policial local y distribuir las tareas necesarias para mejorar la seguridad y la convivencia. Y especialmente en dos ejes: el aumento de la fuerza policial y la implementación de tecnología para optimizar los procesos. Estas dos ideas han dominado las propuestas de los candidatos en relación con la seguridad ciudadana.

Es común que para resolver el problema de inseguridad en las ciudades de Colombia se acuda al aumento del pie de fuerza, esa receta reduccionista desconoce que la inseguridad es multicausal y multidimensional. Esta situación es corroborada por los estudios sobre violencia urbana, puesto que su estructura se encuentra mantenida por diferentes factores socioambientales que en su relación influyen directamente en los procesos que la conforman. Dentro de los factores mencionados y que se analizarán en el presente artículo se encuentran los factores políticos, factores socioeconómicos, factores relacionados con el control territorial y factores familiares.

En Colombia hay 165.794 personas uniformadas (322 policías por cada 100 mil habitantes). De este rango es necesario descontar el personal uniformado en actividades diferentes a la vigilancia resultando entonces cerca de 200 policías por cada 100 mil habitantes. Según la ONU debería haber mínimo 300 policías por cada cien mil habitantes, para cumplir con el estándar si todos se dedicaran a la misionalidad. El aumento del pie de fuerza policial es una necesidad apremiante, como recuperar la confianza, las dos variables son complejas, pero lo es más rescatar una reputación. En ese sentido se concluye la decisión del presidente de la república con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en lo relacionado con que “el personal policial que hoy está en actividades administrativas debe salir a las calles”.

Esta medida, desde luego debe ser revisada con base en la caracterización del personal uniformado con competencias y capacidades para enfrentar la rudeza de la calle y la inseguridad, asimismo, la idoneidad y las capacidades, para que las tareas administrativas no queden huérfanas, porque la estrategia para solucionar un problema no puede constituirse en la apertura de otro.

El aumento del pie de fuerza de la policía ha sido un debate recurrente, como las recetas que procuran resolverla, confluyen la tecnología, la organización ciudadana en frentes de seguridad y cuidado, entre otros. Sin embargo, la inseguridad es multicausal por lo que necesitamos varias soluciones. Simplificar el problema en aspectos legales, más policías o las cárceles, provoca debate político ideologizado y equivocaciones. Más policías en las calles coadyuvan para el mejoramiento de la inseguridad, este es un paso base de la misionalidad de la institución, pero la policía nacional requiere reformas estructurales en la incorporación, para que el vínculo sea por vocación y no una salida al desempleo, el fortalecimiento institucional debe estar alineado con la ciudadanía y sus comportamientos adecuados para la convivencia.

Por Luis Elquis Diaz Bohorquez