Los recientes hechos que tienen muy comprometido al Gobierno nacional, desde los audios de conversaciones entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, hasta el escándalo de los dineros mal habidos que recibieron Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez a nombre de la campaña presidencial del Pacto Histórico, tienen empelota a la izquierda colombiana. 

Esto ya presenta antecedentes recientes, cuando bajo la administración del fallecido Samuel Moreno Rojas en la Alcaldía de Bogotá, el famoso carrusel de la contratación desató una crisis sin precedentes en la ciudad que terminó con varios funcionarios del gobierno distrital presos. Al igual que hoy, aquellos que en sus discursos veintejulieros pregonaban defender los dineros públicos para destinarlos a la inversión social, terminaron llenando sus propios bolsillos y en la cárcel. Samuel Moreno y hasta el Contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, terminaron muy comprometidos con este entramado de ilícitos. 

En la capital en ese entonces, como está pasando a lo largo y ancho de Colombia actualmente, hubo cientos de miles de votantes arrepentidos por apoyar esa izquierda mezquina que aprovecha la ingenuidad e inocencia de muchos para llegar a posiciones donde pueden robar a sus anchas.

El primer año del gobierno Petro se celebra de la peor manera. La crisis de legitimidad es profunda, ha quedado comprobado, como lo afirmamos en esta columna en varias oportunidades durante la última campaña presidencial, que ingresaron a ella millonadas que inundaron los barrios populares de ambas costas: la atlántica y la pacífica. En las visitas a las cárceles, aquel pacto llamado de La Picota, se generaron estas conexiones que permitieron la financiación ilegal de la campaña Petro. Esa financiación de recursos de dudosa procedencia facilitó ganarle la contienda al peor candidato presidencial de la historia: Rodolfo Hernández -hoy inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación para ocupar cargos públicos por 14 años, por el rollo de Vitalogic-.

El gobierno que le exigía al entonces presidente Iván Duque que renunciara por el aumento en los precios de la gasolina, hoy ha impuesto récord en el precio de dicho insumo. El mismo gobierno que en campaña concentró el voto de taxistas y de sus familias con el compromiso de favorecer a dicho gremio con una tarifa diferencial, es el que hoy, mediante declaraciones del nuevo ministro de Minas y Energía – a propósito, cuota política de la senadora María José Pizarro-, dice no poder cumplirles. El mismo gobierno, que se autodenominó del cambio porque, entre otras promesas, erradicaría la corrupción, está infestado de porquería, de suciedad y de inmoralidad.

El gobierno quedó empeloto, ya el mundo y los colombianos estamos asimilando los verdaderos motivos que lo llevaron a dejar los escrúpulos de un lado para acceder al poder a cualquier precio. En la campaña hicieron y deshicieron, enlodaron con falsas acusaciones hasta a Alejandro Gaviria, ni qué decir de lo que dijeron de ‘Fico’ Gutiérrez, llegaron por medio de maniobras asquerosas y así están gobernando.

La democracia permite que hampones como estos gobiernen en países como el nuestro, pero a su vez, permite que el clamor de naciones enteras luego los ponga tras las rejas para que paguen por sus cochinadas. Estamos confiados en que, tarde o temprano, la fiscalía general tomará cartas en el asunto, apoyamos irrestrictamente al señor Barbosa y esperamos que Nicolás Petro siga cantando.

El gobierno hace aguas por sus propios funcionarios -Benedetti y Sarabia- y el presidente está en el ojo del huracán por su propia familia -nada más ni nada menos que su hijo-. Así como exigía a otros presidentes que renunciaran a sus cargos por corruptos, que ahora dé ejemplo; no sólo no logró meter a la cárcel a los hijos de un expresidente, sino que fue el suyo el primero en ser encerrado.

El presidente debe renunciar ya para evitar llevar al país a una crisis aún peor que la que generó en su momento Ernesto Samper, por motivos muy similares. Petro debe responder dando un paso al costado. ¡Chao papá!

Por Jorge Eduardo Ávila.