Todos los congresistas del Cesar, dos senadores y cuatro representantes, de los partidos de La U, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal han escogido la candidatura a la gobernación de Elvia Milena San Juan. Ellos representan el poder político territorial. Todos porque la excepción, que es afín al Gobierno nacional, Imelda Daza, deriva su curul en el Senado de un poder distinto al local que surgió por los acuerdos de paz con la Farc.

Aunque los funcionarios públicos, el gobernador y los alcaldes, no deberían participar en política, es evidente que aquel, y más de 25 alcaldes, acompañan esa aspiración que tiene su origen y motor principal en la familia Monsalvo Gnecco. Eso se replicará en los aspirantes a esas alcaldías y a sus respectivos concejos y asamblea. Con tal apoyo de administraciones que han contando con millonarias regalías, y transferencias de la nación, para hacer obras físicas, exitosas y cuestionadas, aupadas por el poder parlamentario, es lógico que arranquen con un amplio favoritismo al punto de que, dada la dispersión de candidatos alternativos, en el caso de la gobernación, se puede afirmar que lo que hoy se protocoliza es el nombramiento de la gobernadora.

Por si faltare algo, además de los recursos propios de la organización que representa un hegemónico clan político, hay una amplia red de contratistas, empleados, amigos y familiares que, para darle combustible a la incontenible maquinaria, abre vía entre lodo, piedras y tempestades.

En el mundo de la descentralización política y administrativa con la elección de alcaldes en 1988 y la de gobernadores a partir de la Constitución de 1991, que concedió crecientes transferencias y la asignación de regalías a los territorios, se fueron consolidando las empresas electorales de poder, que nunca plantearon una política contra la corrupción y un debate de ideas, y la incidencia del Gobierno nacional en la definición de la política local cada día se hizo más remota a la hora de escoger a los mandatarios de esos gobiernos subnacionales. Ni presidentes como Álvaro Uribe, con una amplia favorabilidad popular durante 20 años, lograron favorecer considerablemente a sus simpatizantes locales. Menos podría esperarse del presidente Gustavo Petro que con un año de mandato no ha venido al Cesar (salvo un viaje directo a Bosconia por la inundación) y no le ha ayudado a sus seguidores con decisiones como detener el embalse de Valledupar y su área metropolitana, y sus asociados distritos de riego, generación de energía renovable y el turismo; no reactivar las áreas renunciadas por Prodeco prolongándose la crisis social e incumpliendo un compromiso de creación de un fondo de $2 billones para la diversificación económica; no impulsando los minerales necesarios, como el cobre, para la transición energética; bajarle el ritmo a la ejecución del Pacto Territorial Cesar – Guajira, a los proyectos PDET en ocho municipios del norte y el impulso a la política de Economía Naranja que le ayudaba a una ciudad cultural como Valledupar.

Seguiremos creyendo en la política como el servicio al bien común y el debate de las ideas.