Así. Más La Guajira. Así se llama una iniciativa del 2020 que se autodefine en la web “como una plataforma empresarial para la articulación de acciones colectivas que aporten al desarrollo social, económico, ambiental e institucional en La Guajira; por medio, de la construcción y ejecución de iniciativas con comunidades, Gobierno nacional y territorial. Conformada por 9 empresas del sector mineroenergético, implementada en 5 comités de transformación y actualmente cuenta con más de 10 aliados estratégicos”.

Esta iniciativa fue precedida de ‘Guajira 360’, un centro de pensamiento de vida corta; también una consultoría financiada por el Banco Mundial con la consultora internacional Dobbin para los proyectos de transformación; todas ellas impulsadas por el empresariado, que ya en la prepandemia manifestaba su preocupación sobre el entorno de sus infraestructuras, inversiones y negocios.

En ese reciente periodo, al tiempo que había una mayor atracción turística, en medio de malas vías e inseguridad, los aviones volaban copados de consultores y cooperantes extranjeros; de organismos internacionales, principalmente de migración; funcionarios de todos los niveles estatales y de buscadores de negocios de energía renovables.

Esto como marco de los últimos acontecimientos que estos días hemos venido abordando, en páginas informativas, de opinión y editorial, sobre la declaratoria de emergencia económica y social decretada por el Gobierno nacional después de verificar en cabeza del presidente Petro durante una semana el estado calamitoso de La Guajira.

Aunque el presidente ha sido severo públicamente contra la clase dirigente se ha notado que dentro de su emergencia hay ausencia de acciones contra la corrupción. Estimamos que tal vez se deba a que el gobierno, en buena medida dejó al lado a las entidades territoriales, como a las empresas privadas salvo a aquellas que construyen los proyectos de energías renovables que suscribieron un pacto de transición – y ha acudido a una intervención con ciertas características: es una tarea de la Nación, del Gobierno central; es una tarea estatal, pública; usa mecanismos institucionales de excepcionalidad, por eso la declaratoria de emergencia; e involucra a las comunidades, más que como protagonistas o ejecutoras, como beneficiarios.

Venimos señalando que los más importantes proyectos estructurales requieren un nivel importante de pre-inversión, es decir de estudios y diseños previos. En gran medida los casi 1.000 proyectos llevados a cabo en el departamento con base en más de 6 billones de regalías en la última década acusan, junto a la corrupción, graves problemas de diseño, de construcción y de socialización.

Es también notoria la premisa, ahora repetida, que los problemas se deben exclusivamente al olvido del Gobierno central y en esa línea se ha movido el nuevo gobierno, enfoque que corre el riesgo de que no se generen las necesarias capacidades endógenas locales, asociadas a la educación, para superar la pobreza y el atraso