Un trabajo de campo, realizado por el equipo periodístico de EL PILÓN, sobre la situación que se presenta en Bosconia por la construcción de la Ruta del Sol 3, deja al descubierto un problema que afecta a la población en general, a la región; a la actividad social y económica y al transporte, es decir a cientos de miles de personas, por la oposición de alrededor de 170 personas, la mayoría indígenas yukpas, agrupadas en 49 familias, algunas instaladas en carpas en un tramo del gran anillo vial externo en Bosconia, destinado a agilizar el tránsito de la doble calzada vital para Bolívar, Magdalena y Cesar, y para el país.

Por un lado, están los derechos ancestrales de esas comunidades indígenas, que tiene especial protección constitucional, y por otra parte el desarrollo de la región, y su derecho a transportar personas y mercancías de forma expedita y moderna.

Indígenas yukpas, que han tenido asiento en la Serranía de Perijá, y que habrían llegado como a otras regiones desplazados por la aguda pobreza y la violencia, localizadas en el municipio, se han enfrentado con la concesionaria Yuma, y el Estado. La junta comunal también es parte activa del problema y exige pronta solución como la reubicación de viviendas.

El problema se agudizó desde el 23 octubre de 2022 cuando se presentó la avalancha en ese sector de Bosconia, se culpó a la empresa Yuma; y se vive con temor a que la tragedia se repita. Pero la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA aseguró que se debió a fenómenos naturales y no por causa de las obras viales.

Al recurrir los indígenas al Ministerio del Interior, con el fin de evitar el desalojo de las autoridades de policía, la Dirección de Licencia Previa, a pesar de haberse construido la vía en un 95%, y de haber dado su autorización hace más de una década por la inexistencia de esas minorías étnicas, interpretando un fallo de la Corte Constitucional – que ha trabado muchos proyectos en el país, entre ellos los de energías renovables en La Guajira – consideró procedente que se debía iniciar dicho proceso de consulta, y no accedió a la apelación por parte de la concesionaria. Como si no fuese suficiente haber tardado más de 14 años la conclusión de la obra adjudicada al final del gobierno Uribe. Los indígenas reclaman territorio, vivienda y demás soluciones para una vida digna, justificando, erradamente en nuestra opinión, que la obra les afectó en sus actividades productivas. Eso no quiere decir que el Estado no deba procurarles su protección y dignidad. Pero no se puede llegar al punto de que se afecte el interés general y el bien común ávido también de un justo bienestar y libre movilidad.

Es aquí donde el gobierno nacional debe hacerse presente, para que, en medio del problema social, se hagan las consultas de manera rápida, y también donde se demanda un liderazgo efectivo del gobierno departamental, que, independientemente de la diligencia o negligencia del gobierno central, trabajando con el municipio, solucione los problemas a las comunidades y desbloquee con prontitud la vía. Ahí se la dejamos señor gobernador. El campo es suyo.