La Ley 1448 de 2011 establece las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia que hayan sufrido hechos como desplazamiento forzado, homicidios, masacres, secuestro, desaparición forzada, tortura delitos contra la libertad y la integridad sexual, minas antipersonales y otras.

En el caso del departamento del Cesar, la entidad encargada de que esta jurisprudencia se cumpla es la Oficina Asesora de Paz, adscrita a la Gobernación del Cesar, la cual es liderada por Juana Pacheco, desde inicios de 2020.

Esta funcionaria en diálogo con EL PILÓN, indicó que también articulan los temas de restitución de tierras, Derechos Humanos y el fortalecimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz, que fue firmado en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en 2016.

EL PILÓN: ¿Cómo está la implementación del Acuerdo de Paz en el departamento del Cesar?
Juana Pacheco: Hemos venido teniendo en cuenta el Acuerdo de paz desde la misma implementación en el Plan de Desarrollo a través del programa que se denomina ‘construcción de paz, equidad para las víctimas y postconflicto’, el cual tiene un subprograma desarrolladno varías líneas que nos han permitido tener articulación con la Agencia de Reincorporación y Normalización. También hemos venido apoyando las solicitudes que nos han hecho los reincorporados como rehabilitación a la vía de acceso a Tierra Grata. Lo mismo con las personas en el proceso de reincorporación que hacen parte de la mesa departamental de paz con la asesoría de dos profesionales que acompañan los espacios institucionales como es el consejo de seguridad y reincorporación que se realiza mes a mes liderado por la ONU.

¿Cómo ha sido el acercamiento con los firmantes de paz y las víctimas en general?
Siempre hemos estado atentos a cada uno de sus requerimientos, recientemente apoyamos en la creación de la cooperativa de las personas en proceso de reincorporación que se llama Asopegan, y en los próximos días se realizará la asignación de los recursos que es superior a los $100.000.000. Hacemos campaña de la no estigmatización porque a pesar que el Acuerdo de Paz tiene 7 años muchas personas no conciben que hay un acuerdo firmado. El trabajo con las víctimas ha sido macro; cuando llegamos a este gobierno la calificación era baja y anualmente la Unidad de Víctimas califica las entidades territoriales y actualmente la calificación es ejemplo nacional con la implementación del Acuerdo de Paz. Para esto hemos incluido a la población víctima del conflicto armado en todos los planes, programas y proyectos. Tenemos estrategia de gobierno que de los proyectos que se desarrollen en todas las sectoriales el 20 % deben ser víctimas del conflicto. Actualmente en la vereda Los Calabazos se está desarrollando un proyecto de vivienda y hay 30 víctimas. Igualmente en el proyecto de lo urbano a lo rural que son 367 vías terciarias se tuvo en cuenta que los municipios que iban a ser favorecidos estuvieran asociados a planes retornos y reubicación y también tuvieran sujeto de reparación colectiva como sucede en Pueblo Bello, Copey, Chiriguaná y otros.

¿Cuál es el abordaje y acompañamiento en los procesos de restitución de tierras?
La restitución de tierras es muy importante porque muchas familias fueron despojados de sus territorios, actualmente a través de la Unidad de Restitución de Tierras se han adelantado procesos que han salido satisfactorios y los beneficiados están conformes. En esto tenemos un caso emblemático que es la población El Toco, en San Diego, donde tenemos un proyecto que está por encima de los $6.000 millones, para un sistema de riego de la tierra y puedan producir; hay por encima de las 380 sentencias y nosotros le hacemos seguimiento porque solo no es la restitución de tierra sino que se intervenga con todas las instituciones para que se implementen proyectos y dignificar a la víctima o habitante rural que está regresando a su tierra.

¿Cómo se encuentra la mesa departamental de víctimas en el Cesar?
La mesa departamental de víctimas es muy participativa y operativa, está siendo liderada por Juan Carlos Gómez que es un líder social de Chimichagua, se le han brindado las herramientas para que funcione. A ellos les toca asumir el liderazgo de las 25 mesas municipales, entonces anualmente a través de un operador se les garantiza la logística para que ellos puedan hacer sus sesiones.

¿Han recibido denuncias sobre presencia de grupos armados en el Cesar que estén atemorizando la ciudadanía?
Nosotros a través del subcomité de prevención y protección se abre el espacio para que líderes sociales y defensores de derechos humanos manifiesten esas situaciones de vulnerabilidad. El caso más reciente fue cuando varios líderes manifestaron su preocupación por lo que están viviendo en su territorio, por ejemplo desde Pueblo Bello nos indicaban que se sienten con miedo. Cuando se abre este espacio se abordan los casos con la Policía Nacional, Ejército, UNP, son espacios integrales y como gobernación buscamos que ellos puedan ser escuchados y se puedan brindar medidas. Se activan las rutas, inicialmente Fiscalía y que la UNP haga la evaluación de riesgo. Lo mismo ha sucedido con Curumaní, Pailitas y Codazzi.

Finalmente, Juana Pacheco, indicó que todo está listo para la implementación de la mesa territorial de garantías que estará bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno, la cual será un espacio para defensores de Derechos Humanos. Su puesta en marcha se adoptó mediante un decreto y se organizó en conjunto con la Defensoría del Pueblo.