En los últimos meses hemos visto una revolución política por las distintas reformas propuestas por el gobierno del cambio. Criticadas por muchos, avaladas por otros. Estas discusiones han dejado la puja de los partidos políticos y con ello el protagonismo de sus representantes.

Aquí prevalece mucho más un chantaje que una reforma, es decir, cambio el voto de mi colectividad por la burocracia que me ofrezca. En otras palabras, a los grupos políticos poco les interesa si las reformas son buenas o malas, o si favorecen o no al pueblo colombiano, ellos imponen la voluntad del pueblo por la fuerza del votos en el Congreso.

Esta tormenta política que ha dejado, entre otras cosas, damnificados a ministros y viceministros, demuestra que Colombia es un país donde el Congreso de la República legisla para beneficio propio…
Este es el primer análisis.

Por otro lado está la observación profunda de cada una de las reformas, poniendo entre dicho si son necesarias o no, o por si lo contrario, se debe reformar sobre lo construido. Muchos consideran que la reforma a la salud, a la pensión o laboral, son reformas para implementar aún más el socialismo del siglo XXI en nuestro país, sin importar el mérito de reformar lo que está bien hecho.

Por poner un ejemplo: los recursos de la salud administrados por los entes territoriales sería como amarrar un gato con chorizos, convirtiendo dichos recursos en apuestas politiqueras.

Lo que sí no se puede dejar pasar, en este gobierno del cambio, que promulga acabar la desigualdad, es la reforma a la Ley 30 del 1992, o ley general de Educación Superior. Pues bien, el Plan Nacional de Desarrollo contempla en su artículo 122: “Reforma Participativa del Sistema de Educación Superior”, y en su parágrafo único, prioriza dentro de la reforma la actualización de los artículos 86 y 87 de esta misma ley.

Estos artículos han sido un saludo a la bandera, porque en ellos se habla de los presupuestos de la
universidades nacionales, departamentales y municipales, que deben ser fortalecidos por los entes territoriales. Algo que nunca ha sucedido.

Pero para pensar en una reforma a la Ley General de Educación Superior se debe empezar por la equidad de los recursos que transfiere el Gobierno nacional por estudiante a las universidades, en donde se
ha visto la brecha de desigualdad.

Mientras la Universidad Nacional de Colombia recibe por estudiante 16 millones de pesos, la Universidad Popular del Cesar solo alcanza a recibir $2.5 millones por estudiante, sin desmeritar con esto, la trayectoria y el nivel académico de la Universidad Nacional.

De esto no se trata, se trata de que las universidades de provincia deben tener la misma posibilidad de crecimiento académico y de investigación, esto solo se hace si se goza de un presupuesto robusto y de una igualdad de condiciones en la distribución de los recursos.

No puedo dejar pasar la muy promulgada ampliación de cobertura o universalización de acceso a la educación superior, donde el gobierno del cambio habla de 60 mil nuevos cupos, pero para esto se debe empezar por reformar el artículo 5 de la Ley 30 de 1992, como quedó expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se debe desaparecer los requisitos mínimos académicos para el ingreso a la educación superior.

Es justo y necesario, entonces, una reforma a la Ley de Educación Superior, pero que
empiece por la equidad de la distribución del presupuesto y de esta manera las universidades públicas medianas y pequeñas puedan contar con docentes de planta, más recursos para la investigación, infraestructura, que nos lleve a la acreditación por alta calidad.