A través de un comunicado, el Supernotariado informó que dejó sin efecto dicho contrato, entre otras razones, porque el operador privado habría utilizado la tarifa diferencial para expediciones virtuales no autorizadas, “que generaron un posible detrimento patrimonial a los ingresos de la entidad”.
En octubre de 2021, La Silla Vacía reveló que la familia del exministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, tenía un negocio en el notariado.
En 2018, el Supernotariado le había dado el permiso a la empresa Proyectos Legales para vender documentos como el certificado de tradición y certificados de no propiedad. Según La Silla Vacía, desde entonces, la empresa de la familia del exministro multiplicó sus ingresos por más de 17 veces.
Cinco años después, la revista Cambio dio a conocer un informe de la Contraloría General que señala que el operador Proyectos Legales “venía realizando la comercialización de certificados de tradición y libertad de forma virtual, pese a no tener la autorización para ello”.
Durante el contrato, la empresa de la familia del exministro logró comercializar 1.256.324 certificados, y según la Contraloría, los ingresos que dejó de percibir la Superintendencia de Notariado y Registro por estos hechos, fueron $3.524 millones de pesos. Según la entidad, eso dio “lugar a una lesión al patrimonio público”.
A través de un comunicado, el Supernotariado informó que dejó sin efecto dicho contrato, entre otras razones, porque el operador privado habría utilizado la tarifa diferencial para expediciones virtuales no autorizadas, “que generaron un posible detrimento patrimonial a los ingresos de la entidad”.
A través de un comunicado, el Supernotariado informó que dejó sin efecto dicho contrato, entre otras razones, porque el operador privado habría utilizado la tarifa diferencial para expediciones virtuales no autorizadas, “que generaron un posible detrimento patrimonial a los ingresos de la entidad”.
En octubre de 2021, La Silla Vacía reveló que la familia del exministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, tenía un negocio en el notariado.
En 2018, el Supernotariado le había dado el permiso a la empresa Proyectos Legales para vender documentos como el certificado de tradición y certificados de no propiedad. Según La Silla Vacía, desde entonces, la empresa de la familia del exministro multiplicó sus ingresos por más de 17 veces.
Cinco años después, la revista Cambio dio a conocer un informe de la Contraloría General que señala que el operador Proyectos Legales “venía realizando la comercialización de certificados de tradición y libertad de forma virtual, pese a no tener la autorización para ello”.
Durante el contrato, la empresa de la familia del exministro logró comercializar 1.256.324 certificados, y según la Contraloría, los ingresos que dejó de percibir la Superintendencia de Notariado y Registro por estos hechos, fueron $3.524 millones de pesos. Según la entidad, eso dio “lugar a una lesión al patrimonio público”.
A través de un comunicado, el Supernotariado informó que dejó sin efecto dicho contrato, entre otras razones, porque el operador privado habría utilizado la tarifa diferencial para expediciones virtuales no autorizadas, “que generaron un posible detrimento patrimonial a los ingresos de la entidad”.