Por enésima vez no podemos quedarnos callados ante la zozobra de la gran mayoría de los habitantes del Cesar, La Guajira y de los demás entornos regionales que les toca convivir en el medio del fuego cruzado de las bandas o grupos armados ilegales que se disputan el control de esta parte del país.

Cuando ya se creía que el conflicto armado había terminado en nuestra región, o por lo menos estaba un poco bajo control, nuevamente se registran hechos que hacen pensar que la violencia nunca se había ido, que los grupos armados siempre han estado ahí, sus actuaciones así lo demuestran.

Desde unos meses para acá ya son reiteradas las manifestaciones de la violencia de uno u otro bando criminal en esta parte del país, pero la situación más crítica es la que se viene presentando por estos días en el municipio de Agustín Codazzi, donde, según lo denunció la Defensoría del Pueblo, “a los barrios que están a las afueras de la cabecera municipal están llegando integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), uniformados y con fusiles, para reclutar jóvenes y también a perseguir a otros en las mal llamadas limpiezas sociales”.

Es evidente que se trata de una denuncia muy delicada, la cual motivó la emisión de una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, ente que además advierte sobre el preocupante incremento de homicidios selectivos y acciones de exterminio social, exigencia de aportes económicos, estrategias de reclutamiento, aumento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de adolescentes y jóvenes en Codazzi, lo cual tiene una relación con el crecimiento de las redes de microtráfico; patrullajes nocturnos por hombres que visten prendas restringidas y exhiben armas de largo y corto alcance en los barrios periféricos de la cabecera municipal; y “existe un silencioso pero intenso trabajo de coacción mediante la violencia u ofrecimientos de diferente tipo, dirigido a líderes sociales, principalmente dignatarios de las JAC de algunos barrios”.

Así las cosas, peor no podría ser el panorama para Codazzi, que viene a ser un reflector de lo que pasa en muchas zonas de la región, pero preocupa que pareciera que las entidades comprometidas con el tema lo desconocieran o lo conocieran a medias, porque existe la sensación de que las medidas no son contundentes, la acción del Estado es mínima frente a semejante fenómeno de terror, eso es lo que percibe el ciudadano común.

En la cadena de responsabilidades frente al tema no se salva nadie, desde el primer eslabón como los gobiernos locales y departamentales, hasta el último anillo que representa el gobierno nacional están en deuda con la ciudadanía, incumplen el compromiso de garantizar la seguridad de la gente. Es sabido que es un asunto de alta complejidad y no es fácil solucionarlo, sin embargo, se nota una pasiva actitud en todos los entes, la parsimonia es total, excepto la Defensoría del Pueblo que es uno de los pocos organismos del Estado que se atreve a ponerle el cascabel al gato.

Reiteramos nuevamente el llamado al estamento nacional para que fije la mirada en el Cesar con todo el fundamento que el caso amerita.