El cabildo gobernador pidió garantías para la materialización de la sentencia de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena, cumplimiento que requiere voluntad política e institucional.
La comunidad indígena Tugeka, que significa “donde está la fuerza, donde está la energía”, esperó por más de una década que la justicia les devolviera 1.636 hectáreas que los grupos armados ilegales les arrebataron en la Sierra Nevada de Santa Marta.
El territorio está ubicado en zona rural del municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, y hace parte del resguardo Kogui-malayo-arhuaco, hasta donde llegó el director nacional de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas, Giovani Yule, y Ada Patricia Lallemand, magistrada del Tribunal Superior de Tierras de Cartagena, para entregar la sentencia que restablece los derechos territoriales del grupo étnico.
“Este fallo es producto de un esfuerzo conjunto entre la Unidad de Tierras que hizo un trabajo administrativo y documentó una serie de afectaciones graves producto del conflicto armado contra el pueblo kogui. De la fase administrativa pasó a juez del circuito que recaudó las pruebas que necesitábamos y las 3 magistradas logramos dictar una sentencia que reflejara la cosmovisión del pueblo kogui”, explicó Lallemand.
Lea: Unidad de Restitución de Tierras ‘desempolva’ solicitudes negadas en Cesar y La Guajira
Parte del extenso terreno ancestral ha estado ocupado, además, por campesinos y extranjeros; los primeros ocuparon el espacio luego de que el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les adjudicara alrededor de 394 hectáreas a mediados de la década del 2000.
Hoy son por lo menos 34 familias guajiras, también víctimas de desplazamiento por el conflicto armado, que están asociadas. Uno de sus voceros, Blas Martínez, aseguró que aunque respetan el fallo, no lo comparten.
“Esas tierras fueron adjudicadas por el Incoder, y ahora nosotros nos sentimos desplazados por el Estado nuevamente, aunque dicen que nos van a restituir nuestros derechos económicos, pero son 19 años que llevamos trabajando aquí y este era el futuro nuestro”, expresó Martínez.
Giovani Yule coincide en que fue el mismo Estado colombiano el que propició una nueva disputa por la tierra, entre indígenas y campesinos: “Nos hemos dado cuenta que ha sido la institucionalidad la que ubicó a las comunidades campesinas y traslapó un territorio ancestral que ya había sido constituido legalmente”.
Ante ese “error” del Estado, como lo define la magistrada Ada Patricia Lallemand, el Tribunal también ordenó la compensación a los campesinos luego del avalúo que realizará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). También habrá mesas de diálogo y seguimiento entre los diferentes actores.
Durante el acto de socialización, el cabildo gobernador del pueblo kogui, Arregocés Conchacala, expresó: “Recuperar Tugeka es fortalecer la línea negra, los sitios sagrados para la naturaleza, para cuidar, sanar y equilibrar la madre tierra. La apuesta es bajar las tensiones y los conflictos”.
Para la autoridad kogui, “ordenar el sitio sagrado no es un beneficio para solo para el indígena, sino para toda la humanidad”, argumentó que “la sentencia lleva a buscar la solución de los problemas del medio ambiente en conjunto”, pero pidió garantías para implementar el plan de manejo.
El punto fundamental de ese cuidado es el agua, recursos fundamental para “todo”, agregó Conchacala, quien finalizó con un llamado hacia la reconciliación: “Cuando hablamos de paz se requiere diálogo. La paz debe estar desde el corazón del mundo”.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.
El cabildo gobernador pidió garantías para la materialización de la sentencia de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena, cumplimiento que requiere voluntad política e institucional.
La comunidad indígena Tugeka, que significa “donde está la fuerza, donde está la energía”, esperó por más de una década que la justicia les devolviera 1.636 hectáreas que los grupos armados ilegales les arrebataron en la Sierra Nevada de Santa Marta.
El territorio está ubicado en zona rural del municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, y hace parte del resguardo Kogui-malayo-arhuaco, hasta donde llegó el director nacional de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas, Giovani Yule, y Ada Patricia Lallemand, magistrada del Tribunal Superior de Tierras de Cartagena, para entregar la sentencia que restablece los derechos territoriales del grupo étnico.
“Este fallo es producto de un esfuerzo conjunto entre la Unidad de Tierras que hizo un trabajo administrativo y documentó una serie de afectaciones graves producto del conflicto armado contra el pueblo kogui. De la fase administrativa pasó a juez del circuito que recaudó las pruebas que necesitábamos y las 3 magistradas logramos dictar una sentencia que reflejara la cosmovisión del pueblo kogui”, explicó Lallemand.
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Parte del extenso terreno ancestral ha estado ocupado, además, por campesinos y extranjeros; los primeros ocuparon el espacio luego de que el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les adjudicara alrededor de 394 hectáreas a mediados de la década del 2000.
Hoy son por lo menos 34 familias guajiras, también víctimas de desplazamiento por el conflicto armado, que están asociadas. Uno de sus voceros, Blas Martínez, aseguró que aunque respetan el fallo, no lo comparten.
“Esas tierras fueron adjudicadas por el Incoder, y ahora nosotros nos sentimos desplazados por el Estado nuevamente, aunque dicen que nos van a restituir nuestros derechos económicos, pero son 19 años que llevamos trabajando aquí y este era el futuro nuestro”, expresó Martínez.
Giovani Yule coincide en que fue el mismo Estado colombiano el que propició una nueva disputa por la tierra, entre indígenas y campesinos: “Nos hemos dado cuenta que ha sido la institucionalidad la que ubicó a las comunidades campesinas y traslapó un territorio ancestral que ya había sido constituido legalmente”.
Ante ese “error” del Estado, como lo define la magistrada Ada Patricia Lallemand, el Tribunal también ordenó la compensación a los campesinos luego del avalúo que realizará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). También habrá mesas de diálogo y seguimiento entre los diferentes actores.
Durante el acto de socialización, el cabildo gobernador del pueblo kogui, Arregocés Conchacala, expresó: “Recuperar Tugeka es fortalecer la línea negra, los sitios sagrados para la naturaleza, para cuidar, sanar y equilibrar la madre tierra. La apuesta es bajar las tensiones y los conflictos”.
Para la autoridad kogui, “ordenar el sitio sagrado no es un beneficio para solo para el indígena, sino para toda la humanidad”, argumentó que “la sentencia lleva a buscar la solución de los problemas del medio ambiente en conjunto”, pero pidió garantías para implementar el plan de manejo.
El punto fundamental de ese cuidado es el agua, recursos fundamental para “todo”, agregó Conchacala, quien finalizó con un llamado hacia la reconciliación: “Cuando hablamos de paz se requiere diálogo. La paz debe estar desde el corazón del mundo”.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.