La ocurrencia de un golpe de opinión como umbral a un golpe de estado militar se da cuando actores, que ostentan el poder económico y tienen apoyos en sectores políticos y judicial de poder, intervienen en línea con los medios de comunicación para manipular a las multitudes sesgando la información, complot que ensaya Colombia, país que se precia de tener la democracia más antigua de América Latina. 

Gene Sharp describe diferentes métodos para derrocar gobiernos agitando un clima de malestar social (desabastecimiento, guerra de desinformación, costo de vida, inflación, criminalidad, miedo, manipulación del dólar, denuncias de corrupción -reales o ficticias-, pánico económico, lockout patronal, y en general todo lo que contribuya al caos. 

Las circunstancias reales por las que el presidente Gustavo Petro ha tenido que transitar en sus primeros 7 meses de gestión, tienen una similitud impresionante con lo descrito en el manual de Gene Sharp para derrocar un gobierno. En esencia lo que la oposición busca es desestabilizar el sistema y generar ingobernabilidad. 

No es sino poner en contexto la columna de Álvaro Ruíz Rodríguez, en la que caracteriza y alude la estrategia de presionar la destitución o renuncia de un presidente elegido por el voto popular, lo cual desnuda la confabulación de intereses conspirativos no frontales y sin violencia, sin que parezca que haya sido consecuencia de la acción de otro poder. 

Son hechos relacionados con el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales, expresión atribuida al sociólogo y politólogo estadounidense Gene Sharp, autor del ‘Manual de técnicas para una revolución no violenta’. 

El argentino Carlos María Ciappina, profesor de historia contemporánea de América Latina, señala que el golpe de opinión se utiliza como alternativa al golpe de estado militar, ​usual hasta la década de los 90, pero sustituido por otras técnicas debido al rechazo internacional. 

Son frecuentes las intervenciones de gremios como la Andi, haciendo anuncios económicos negativos, cuando las cifras realmente muestran lo contrario. Debido a la volatilidad de la moneda local frente al dólar, entre otras por razones externas, la oposición hace gran ruido cuando se devalúa y calla cuando se revalúa. 

Venimos de más de treinta años de gobiernos neoliberales en los que lograron cooptar casi toda la institucionalidad del estado y concentrar el poder económico en muy pocas manos.  Los más notorios en su actuar sesgado son los entes de control como la Fiscalía, La Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del pueblo, la Registraduría, CNE (por no mencionar al cartel de la toga). 

¿Qué decir de la Corte Constitucional que ahora le pone talanqueras a las reformas, pero no intervino la Ley de Garantías en el gobierno Duque, a todas luces inconstitucional, para que se despachara el candidato del establecimiento, o los que pretenden anular la elección presidencial  sin antes demandar el acto administrativo, actuación diferente a las denuncias que avoca el Fiscal Francisco Barbosa contra el hijo mayor y hermano del presidente Petro, a instancia de los que podrían bautizárseles con la proverbial frase: “Ni rajan, ni prestan el hacha”, porque ni asumen la derrota, ni dejan gobernar.

Por Miguel Aroca Yepes