El plan nacional de desarrollo del presidente Gustavo Petro ‘Colombia potencia mundial de la vida’, empieza su discusión en las comisiones del Congreso de la República.
El plan nacional de desarrollo del presidente Gustavo Petro ‘Colombia potencia mundial de la vida’, empieza su discusión en las comisiones del Congreso de la República en las próximas semanas y contiene ambiciosas metas sociales, ambientales, cierre de la brecha de desigualdad creciente, entre otras apuestas importantes, lo que lo ubica dentro de los planes de desarrollo más ambiciosos (En lo social) en dos siglos de democracia.
Este plan contempla inversiones estratégicas que quedarán contenidos en el (PPI) plan plurianual de inversiones por $1.154,8 billones de los cuales se destinan $744,2 billones para uno de los ejes estratégicos del PND (Plan nacional de desarrollo) denominado seguridad humana y justicia social; sin embargo y a pesar de lo bien intencionado de este plan, existen algunas reservas en un sector de la opinión que ve en semejante esfuerzo la continuidad de un extremo asistencialismo que terminará presionando la improductividad y de paso aumentando el desempleo puesto que incentiva la desocupación.
Dos de los alcances de esta estrategia y sobre los cuales haré referencia, uno tiene que ver con la entrega de tierras a los campesinos y seguidamente lo que el presidente ha denominado ‘la economía popular’; si algo ha demostrado la historia es que cada vez que se intenta democratizar la tenencia de la tierra el esfuerzo termina siendo inocuo pues de nada sirve entregarlas si los campesinos no tienen acceso al agua, a insumos baratos, a tecnología, a conectividad y finalmente a crédito barato, y dejé de último este aspecto porque como ya lo he manifestado insistentemente, lo último que necesitan los campesinos es dinero por lo que como en todos los intentos anteriores los bancos terminan quedándose con las tierras pues al ser improductivas no tienen cómo responder (los que logran acceder al crédito) y los que no, terminan vendiendo esas tierras a la vuelta de tres a cinco años.
El otro aspecto importante es que la mayoría de las ciudades, y por supuesto Valledupar no es la excepción, padecen uno de los problemas más complejos de tratar y tiene que ver con la informalidad debido a que, sumado a esta, vienen conexos otros males que terminan afectando a todos, a la economía, al desarrollo, al recaudo de impuestos y por supuesto y de manera directa al empresario. En síntesis, informalidad atrae desigualdad, inseguridad y de paso desorden además de pobreza y una delgada línea que lo separa de la ilegalidad; sin embargo la forma como el gobierno pretende abordar esta estrategia aún no es clara, pero se intuye que será a través de subsidios y líneas de créditos con el que pretende competir o sustituir el oneroso y delictivo “gota gota”, lo que el presidente no sabe es que esta práctica ya hace parte de la cultura popular y se podría decir que está incluido dentro de la canasta familiar, suena a sarcasmo, pero es una aplastante realidad.
No se puede intentar corregir un problema de estas magnitudes tratándolo como una causa pues en realidad obedecen a consecuencias directas de la incorrecta aplicación del modelo económico que se ha acentuado en los últimos 20 años, sumado a la baja calidad y cobertura de la educación, bajo o ningún acceso a puestos de trabajo en condiciones formales constituyen los escenarios para que el ciudadano opte por dedicarse al rebusque, a la venta ambulante, a ocupar el espacio público con ventas estacionarias, generando una directa competencia desleal al comerciante y empresario formal, quien en últimas genera desarrollo y riqueza no solo a través del pago de sus obligaciones para con sus empleados y proveedores, sino que aporta al fisco local, departamental y nacional una carga impositiva cada vez más creciente.
La economía no va a crecer con ollas de sopa en las esquinas, ventas ambulantes de chucherías y carretas de verduras, estas actividades jamás van a sacar una familia de la pobreza ni podrán, salvo muy pocas excepciones, darle una educación de calidad a sus hijos ni acceder a una vivienda digna y por supuesto irradiar empleo de calidad en ningún sentido.
La carga ideológica y un tanto romántica con la que el presidente defiende su plan de desarrollo debe conminar a todos los sectores interesados y que están en riesgo a defender el empleo formal y la legalidad como única vía de acción, pero no todo es malo, también hay cosas interesantes en ese plan.
Por: Eloy Gutiérrez Anaya
El plan nacional de desarrollo del presidente Gustavo Petro ‘Colombia potencia mundial de la vida’, empieza su discusión en las comisiones del Congreso de la República.
El plan nacional de desarrollo del presidente Gustavo Petro ‘Colombia potencia mundial de la vida’, empieza su discusión en las comisiones del Congreso de la República en las próximas semanas y contiene ambiciosas metas sociales, ambientales, cierre de la brecha de desigualdad creciente, entre otras apuestas importantes, lo que lo ubica dentro de los planes de desarrollo más ambiciosos (En lo social) en dos siglos de democracia.
Este plan contempla inversiones estratégicas que quedarán contenidos en el (PPI) plan plurianual de inversiones por $1.154,8 billones de los cuales se destinan $744,2 billones para uno de los ejes estratégicos del PND (Plan nacional de desarrollo) denominado seguridad humana y justicia social; sin embargo y a pesar de lo bien intencionado de este plan, existen algunas reservas en un sector de la opinión que ve en semejante esfuerzo la continuidad de un extremo asistencialismo que terminará presionando la improductividad y de paso aumentando el desempleo puesto que incentiva la desocupación.
Dos de los alcances de esta estrategia y sobre los cuales haré referencia, uno tiene que ver con la entrega de tierras a los campesinos y seguidamente lo que el presidente ha denominado ‘la economía popular’; si algo ha demostrado la historia es que cada vez que se intenta democratizar la tenencia de la tierra el esfuerzo termina siendo inocuo pues de nada sirve entregarlas si los campesinos no tienen acceso al agua, a insumos baratos, a tecnología, a conectividad y finalmente a crédito barato, y dejé de último este aspecto porque como ya lo he manifestado insistentemente, lo último que necesitan los campesinos es dinero por lo que como en todos los intentos anteriores los bancos terminan quedándose con las tierras pues al ser improductivas no tienen cómo responder (los que logran acceder al crédito) y los que no, terminan vendiendo esas tierras a la vuelta de tres a cinco años.
El otro aspecto importante es que la mayoría de las ciudades, y por supuesto Valledupar no es la excepción, padecen uno de los problemas más complejos de tratar y tiene que ver con la informalidad debido a que, sumado a esta, vienen conexos otros males que terminan afectando a todos, a la economía, al desarrollo, al recaudo de impuestos y por supuesto y de manera directa al empresario. En síntesis, informalidad atrae desigualdad, inseguridad y de paso desorden además de pobreza y una delgada línea que lo separa de la ilegalidad; sin embargo la forma como el gobierno pretende abordar esta estrategia aún no es clara, pero se intuye que será a través de subsidios y líneas de créditos con el que pretende competir o sustituir el oneroso y delictivo “gota gota”, lo que el presidente no sabe es que esta práctica ya hace parte de la cultura popular y se podría decir que está incluido dentro de la canasta familiar, suena a sarcasmo, pero es una aplastante realidad.
No se puede intentar corregir un problema de estas magnitudes tratándolo como una causa pues en realidad obedecen a consecuencias directas de la incorrecta aplicación del modelo económico que se ha acentuado en los últimos 20 años, sumado a la baja calidad y cobertura de la educación, bajo o ningún acceso a puestos de trabajo en condiciones formales constituyen los escenarios para que el ciudadano opte por dedicarse al rebusque, a la venta ambulante, a ocupar el espacio público con ventas estacionarias, generando una directa competencia desleal al comerciante y empresario formal, quien en últimas genera desarrollo y riqueza no solo a través del pago de sus obligaciones para con sus empleados y proveedores, sino que aporta al fisco local, departamental y nacional una carga impositiva cada vez más creciente.
La economía no va a crecer con ollas de sopa en las esquinas, ventas ambulantes de chucherías y carretas de verduras, estas actividades jamás van a sacar una familia de la pobreza ni podrán, salvo muy pocas excepciones, darle una educación de calidad a sus hijos ni acceder a una vivienda digna y por supuesto irradiar empleo de calidad en ningún sentido.
La carga ideológica y un tanto romántica con la que el presidente defiende su plan de desarrollo debe conminar a todos los sectores interesados y que están en riesgo a defender el empleo formal y la legalidad como única vía de acción, pero no todo es malo, también hay cosas interesantes en ese plan.
Por: Eloy Gutiérrez Anaya