Las mesas de trabajo con el fin de determinar la descripción física, económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas de los territorios arrancaron en Sucre, Cesar y Bolívar con una inversión que supera los $18.600 millones.
Luego de presentar ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo, empezó en siete municipios de tres departamentos la actualización catastral con miras a la reforma rural.
Las mesas de trabajo con el fin de determinar la descripción física, económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas de los territorios arrancaron en Sucre, Cesar y Bolívar con una inversión que supera los $18.600 millones.
Pero los trabajos están orientados a un catastro multipropósito para la consolidación de una reforma rural que promueva el ordenamiento territorial alrededor del agua, según las políticas del nuevo Gobierno Nacional.
“El catastro multipropósito es un instrumento fundamental para la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. Permite contar con información que no solo ayuda a tomar medidas en materia fiscal, sino también en seguridad jurídica de las propiedades, conocer las potencialidades de la tierra y valores productivos para el desarrollo territorial y el tema de riesgos”, manifestó Gustavo Adolfo Marulanda Morales, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
Las mesas de trabajo se han realizado en San Onofre y Toluviejo, en Sucre; El Paso, Tamalameque y Astrea, en Cesar; y El Peñón y Montecristo, en Bolívar, con la participación del Departamento Nacional de Planeación, DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, y la Agencia Nacional de Tierras ANT.
En el encuentro, el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, explicó a los mandatarios locales la importancia de que los habitantes de los municipios conozcan que el ejercicio de actualización catastral, permitirá al Gobierno comprender las necesidades y potencialidades del territorio y contribuir con la ejecución de políticas públicas a favor del desarrollo y el bienestar de las poblaciones.
Las mesas de trabajo con el fin de determinar la descripción física, económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas de los territorios arrancaron en Sucre, Cesar y Bolívar con una inversión que supera los $18.600 millones.
Luego de presentar ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo, empezó en siete municipios de tres departamentos la actualización catastral con miras a la reforma rural.
Las mesas de trabajo con el fin de determinar la descripción física, económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas de los territorios arrancaron en Sucre, Cesar y Bolívar con una inversión que supera los $18.600 millones.
Pero los trabajos están orientados a un catastro multipropósito para la consolidación de una reforma rural que promueva el ordenamiento territorial alrededor del agua, según las políticas del nuevo Gobierno Nacional.
“El catastro multipropósito es un instrumento fundamental para la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. Permite contar con información que no solo ayuda a tomar medidas en materia fiscal, sino también en seguridad jurídica de las propiedades, conocer las potencialidades de la tierra y valores productivos para el desarrollo territorial y el tema de riesgos”, manifestó Gustavo Adolfo Marulanda Morales, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
Las mesas de trabajo se han realizado en San Onofre y Toluviejo, en Sucre; El Paso, Tamalameque y Astrea, en Cesar; y El Peñón y Montecristo, en Bolívar, con la participación del Departamento Nacional de Planeación, DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, y la Agencia Nacional de Tierras ANT.
En el encuentro, el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, explicó a los mandatarios locales la importancia de que los habitantes de los municipios conozcan que el ejercicio de actualización catastral, permitirá al Gobierno comprender las necesidades y potencialidades del territorio y contribuir con la ejecución de políticas públicas a favor del desarrollo y el bienestar de las poblaciones.