En la década de los 70 surgió en Chile un grupo de economistas, doctorado en Chicago, que introdujo en América Latina un nuevo concepto de crecimiento económico acorde con las nuevas teorías neoliberales mediante las cuales la vida se debe reducir a los negocios; los denominaron los Chicagos Boy. Estas aves de mal agüero, precursoras del desastre, son las responsables de toda la enajenación pública que han soportado muchos países de la región.

Esta siniestra teoría propone reducir los Estados solo al aparato represivo y de justicia; las demás actividades debería hacerlas el sector privado, incluyendo la educación y la salud y eso es lo que ha sucedido en Colombia. 

Vende la idea de que el sector público es pésimo administrador y que solo los privados pueden hacer esas tareas; bajo esta, entre 2006 y 2019, 18 empresas públicas, en especial de los sectores minero-energético fueron vendidas, además, los bancos Popular y Cafetero; también vendieron parcialmente 20 empresas, incluida Ecopetrol que se enajenó del 9.9% de sus acciones en manos de particulares. En Chile comenzaron privatizando la salud para lo cual Salvador Allende era un obstáculo, ya sabemos lo que pasó.

Después intentaron privatizar la industria del cobre que Allende había nacionalizado. Aquí, el neoliberal Cesar Gaviria tomó el modelo chileno para privatizar la salud con la ley 100 que, mediante un acto de piratería pública, obligaba al Estado a girar los dineros de la salud a intermediarios privados para que los administraran y/o despilfarraran sin auditorías; antes se hacía en forma directa a los hospitales públicos. En los mejores sistemas de salud del mundo, los entes públicos son los que administran los recursos de ese sector; solo un 8% de los países manejan este concepto de EPS, casi todos de nuestra región latina.

Según cálculos del grupo que investiga la reforma al sistema salud, de no prosperar esta, para el 2023, las EPS recibirían alrededor de $87 billones que ejecutarían sin mayor control como hasta ahora lo han hecho; las EPS vigentes, las liquidadas y las que se encuentran en proceso de liquidación le deben a hospitales y clínicas $23.3 billones los cuales se ven obligados a negar los servicios médicos solicitados por asfixia financiera.

Por esta razón existen tantas reclamaciones: en 2019 fueron presentadas 223.000 tutelas, más de 600 diarias, amén de un millón de quejas ante la Superintendencia de Salud Pública. Hoy, el 80% de los servicios médicos lo prestan clínicas privadas y 630 municipios (56%) carecen de instituciones prestadoras de servicios.

Esto implica crear, al menos, 3.000 centros de atención primaria en salud, CAP. Contrario a lo que dicen los defensores a ultranza del actual sistema, un ranking elaborado por la Asociación de Hospitales y Clínicas de Colombia, (ACHC), determinó que Colombia ocupa el puesto 39 entre 94 países analizados; estamos por debajo de Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá y Cuba.

Un indicador muy importante para medir los sistemas de salud es la tasa de mortalidad materna; según la OMS, en América Latina somos 21 entre 40 países y en Suramérica tenemos la 5ª tasa más alta, por encima de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, y 4.6 veces la de la OCDE. Las tasas de mortalidad infantil (< 1 año) y de la niñez (1 a 5 años) también son una muestra vergonzosa para nuestro sistema de salud. 

Entonces, ¿cuál es la lógica de la intermediación mercantilista? ¿A quiénes beneficia? Reversar este esperpento que mercadea la vida fue uno de los compromisos que Petro asumió durante su campaña por la presidencia de la República, una de las propuestas más sentidas que le permitieron ganar y ahora debe cumplirle a los colombianos.

Pero no será fácil, esta reforma toca los intereses de quiénes se acostumbraron a vivir de las rentas del Estado, los parásitos; se sienten amenazados y desprotegidos. Ojalá no tengamos que repetir la historia chilena, ya se escuchan amenazas violentas. Y ahora, surge una pregunta macondiana: ¿De que vivirá el Tite Socarras? 

Por Luis Napoleón de Armas P.