Hay que mirar hacia el lado de los resguardos indígenas para empezar a identificar algunos responsables de la mortandad de niños wayúu a causa de la desnutrición.
Los resguardos indígenas de La Guajira, y quizás de todo el país, se comportan como empresas familiares. Las autoridades tradicionales junto con sus entornos familiares viven en grandes mansiones y se movilizan en carros de alta gama como jeques árabes. No aguantan una revisión patrimonial de la UIAF para concluir en el enriquecimiento ilícito. Pero sus comunidades se mueren de hambre y sed, y los niños mueren por desnutrición.
Hay que mirar hacia el lado de los resguardos indígenas para empezar a identificar algunos responsables de la mortandad de niños wayúu a causa de la desnutrición, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que les ha transferido el presupuesto general de la nación.
De acuerdo con la información que consolida el DNP entre los años 2002-2022 le fueron transferidos a los resguardos indígenas de La Guajira $691.189 millones. ¿Dónde está representada esa plata en términos de calidad de vida? ¿O quién se robó esa plata?
Solo para la vigencia fiscal 2022 les fueron transferidos $69.365 millones. Y en el caso concreto del solo municipio de Uribia fueron transferidos $34.186 millones. ¿Dónde está esa plata?
Ahora infiero por qué un candidato al senado, totalmente desconocido en La Guajira, obtuvo solamente en Uribia más de 10 mil votos y más de 20 mil en el departamento. Y ahora están pretendiendo, de esa misma manera, imponer al próximo gobernador.
Según algunos análisis de información del reconocido economista guajiro Cesar Arismendi, con base en la misma información del DNP a precios de 2022, los $556.036 millones transferidos a los resguardos indígenas de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, en términos de costo de oportunidad, se hubiera llevado a cabo 1,3 veces el proyecto del acueducto regional desde Distracción hasta Uribia beneficiando a las comunidades rurales de 7 municipios, o construir 116 pilas públicas, o también se hubieran construido 1.112 pozos con planta desalinizadora y sistema de almacenamiento de agua, o haber comprado 2.780 carrotanques para el suministro de agua, o construir 14 huertas demostrativas tipo DPS, o comprar 4.6 millones de ovinos/caprinos, o también se hubieran construido y dotado 556 centros de salud.
No hay derecho a tanto despilfarro habiendo tantas necesidades y los niños wayúu muriendo por desnutrición. Y lo peor es que nadie controla nada.
De acuerdo con el decreto 28 de 2008 el cambio en la destinación de los recursos girados a los resguardos indígenas es un evento de riesgo, y es por eso que el señor Contralor General de la República debe tomar esta columna como una denuncia pública y ordenar una auditoría especial con personal llevado desde Bogotá, y le encontrará algunas razones a la muerte de los niños wayúu.
Aseguró que los hallazgos terminarán por establecer que los recursos transferidos para los resguardos indígenas en La Guajira han terminado en el patrimonio de las autoridades tradicionales y sus familias. Y con ese mismo criterio de lucro personal distribuyeron los usuarios de la EPS Comfaguajira, sin tener en cuenta el estado de salud y tratamientos de los afiliados.
Según lo disponen los artículos 89 y 90 de la Ley 715, la Secretaría de Planeación Departamental es responsable del seguimiento y evaluación de los recursos transferidos a los resguardos indígenas, y debe presentar un informe a los respectivos alcaldes y al gobernador sobre la ejecución de dichos recursos.
Pregunto al jefe de Planeación Departamental: ¿Dónde están esos informes relacionados con los resguardos indígenas de La Guajira? ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen los concejales?
Ahora bien, en el marco de la Ley 715 y los decretos 28/08 y 168/09 el gobierno nacional debe decretar la asunción temporal de las competencias durante el año 2023 con respecto al manejo de los recursos asignados a los resguardos indígenas de La Guajira, y delegar en cabeza del doctor Luis Gómez Pimienta, como Gerente Especial del Plan Guajira, la planeación y ejecución directa de dichos recursos para que no se los sigan robando, para que no sean utilizados en la financiación de la próxima elección de gobernador, y para encauzarlos en la solución de los problemas asociados a la muerte de la niñez wayúu. Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí... @LColmenaresR
Por Luís Alonso Colmenares Rodríguez
Hay que mirar hacia el lado de los resguardos indígenas para empezar a identificar algunos responsables de la mortandad de niños wayúu a causa de la desnutrición.
Los resguardos indígenas de La Guajira, y quizás de todo el país, se comportan como empresas familiares. Las autoridades tradicionales junto con sus entornos familiares viven en grandes mansiones y se movilizan en carros de alta gama como jeques árabes. No aguantan una revisión patrimonial de la UIAF para concluir en el enriquecimiento ilícito. Pero sus comunidades se mueren de hambre y sed, y los niños mueren por desnutrición.
Hay que mirar hacia el lado de los resguardos indígenas para empezar a identificar algunos responsables de la mortandad de niños wayúu a causa de la desnutrición, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que les ha transferido el presupuesto general de la nación.
De acuerdo con la información que consolida el DNP entre los años 2002-2022 le fueron transferidos a los resguardos indígenas de La Guajira $691.189 millones. ¿Dónde está representada esa plata en términos de calidad de vida? ¿O quién se robó esa plata?
Solo para la vigencia fiscal 2022 les fueron transferidos $69.365 millones. Y en el caso concreto del solo municipio de Uribia fueron transferidos $34.186 millones. ¿Dónde está esa plata?
Ahora infiero por qué un candidato al senado, totalmente desconocido en La Guajira, obtuvo solamente en Uribia más de 10 mil votos y más de 20 mil en el departamento. Y ahora están pretendiendo, de esa misma manera, imponer al próximo gobernador.
Según algunos análisis de información del reconocido economista guajiro Cesar Arismendi, con base en la misma información del DNP a precios de 2022, los $556.036 millones transferidos a los resguardos indígenas de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, en términos de costo de oportunidad, se hubiera llevado a cabo 1,3 veces el proyecto del acueducto regional desde Distracción hasta Uribia beneficiando a las comunidades rurales de 7 municipios, o construir 116 pilas públicas, o también se hubieran construido 1.112 pozos con planta desalinizadora y sistema de almacenamiento de agua, o haber comprado 2.780 carrotanques para el suministro de agua, o construir 14 huertas demostrativas tipo DPS, o comprar 4.6 millones de ovinos/caprinos, o también se hubieran construido y dotado 556 centros de salud.
No hay derecho a tanto despilfarro habiendo tantas necesidades y los niños wayúu muriendo por desnutrición. Y lo peor es que nadie controla nada.
De acuerdo con el decreto 28 de 2008 el cambio en la destinación de los recursos girados a los resguardos indígenas es un evento de riesgo, y es por eso que el señor Contralor General de la República debe tomar esta columna como una denuncia pública y ordenar una auditoría especial con personal llevado desde Bogotá, y le encontrará algunas razones a la muerte de los niños wayúu.
Aseguró que los hallazgos terminarán por establecer que los recursos transferidos para los resguardos indígenas en La Guajira han terminado en el patrimonio de las autoridades tradicionales y sus familias. Y con ese mismo criterio de lucro personal distribuyeron los usuarios de la EPS Comfaguajira, sin tener en cuenta el estado de salud y tratamientos de los afiliados.
Según lo disponen los artículos 89 y 90 de la Ley 715, la Secretaría de Planeación Departamental es responsable del seguimiento y evaluación de los recursos transferidos a los resguardos indígenas, y debe presentar un informe a los respectivos alcaldes y al gobernador sobre la ejecución de dichos recursos.
Pregunto al jefe de Planeación Departamental: ¿Dónde están esos informes relacionados con los resguardos indígenas de La Guajira? ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen los concejales?
Ahora bien, en el marco de la Ley 715 y los decretos 28/08 y 168/09 el gobierno nacional debe decretar la asunción temporal de las competencias durante el año 2023 con respecto al manejo de los recursos asignados a los resguardos indígenas de La Guajira, y delegar en cabeza del doctor Luis Gómez Pimienta, como Gerente Especial del Plan Guajira, la planeación y ejecución directa de dichos recursos para que no se los sigan robando, para que no sean utilizados en la financiación de la próxima elección de gobernador, y para encauzarlos en la solución de los problemas asociados a la muerte de la niñez wayúu. Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí... @LColmenaresR
Por Luís Alonso Colmenares Rodríguez