Finalizar los contratos de prestación de servicios es casi imposible a corto y mediano plazo, explican abogados y funcionarios que trabajan en las sectoriales de contratación del Cesar.
Por Redacción EL PILÓN
Durante la campaña electoral, el presidente Gustavo Petro señaló que uno de sus propósitos era finalizar los contratos de prestación de servicios, empezando por el sector público. En días pasados, la Función Pública emitió una circular para iniciar la formalización del empleo en las entidades del Estado, y dio un plazo de cuatro meses.
Sin embargo, lejos de dar claridad, el plazo establecido y los pocos estudios técnicos solo generaron incertidumbre en las entidades. Una de las mayores críticas ha sido la representante Catherine Juvinao.
“Lo único que van a generar es una parálisis administrativa que perjudicará a contratistas que hacen bien su trabajo. El problema de la formalización del empleo público no se resuelve con circulares disparatadas sino con una reforma laboral bien estructurada y política pública”, señaló a través de Twitter.
Finalizar los contratos de prestación de servicios es casi imposible a corto y mediano plazo, explican abogados y funcionarios que trabajan en las sectoriales de contratación del Cesar.
Por ejemplo, en Corpocesar, una entidad autónoma, pero que entraría dentro de la circular, la planta aprobada es de 106 funcionarios, de esos, más del 50% lo cubre económicamente el Ministerio de Hacienda. Con sus recursos, la entidad paga los salarios de menos de 30.
Mientras que por prestación de servicios, en Corpocesar tienen más de 100 contratistas desarrollando labores técnicas y profesionales, incluso varios prestadores de servicio cubren las vacantes que no se han llenado. ¿Por qué? Por falta de recursos.
Allí uno de los ‘meollos’ del asunto. Cualquier formalización laboral, seguramente, requerirá de mayor inversión. “El problema de siempre es el dinero para cubrir esos sueldos”, señalan conocedores.
Además, como demostró La Silla Vacía en una investigación, en casi todas las entidades el 70 u 80% de los empleados están contratados a través de prestación de servicios.
Un ejemplo es la Gobernación del Cesar. Durante su Plan Anual de adquisiciones del 2022, la entidad departamental proyectó más de 1.181 contratos por prestación de servicios, la mayoría de ellos para contratar profesionales y técnicos. Respecto a los funcionarios, la planta de personal de la Gobernación del Cesar cuenta con 277 empleados. La Alcaldía de Valledupar no se queda atrás: durante 2022 registró más de 330 contratos de prestación de servicios.
El mismo Ministerio de Trabajo confirmó que dicha circular de la Función Pública estaba alejada de la realidad, ya que “no contó con la previa articulación, y por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro (4) meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes (…) no solo dificulta la gestión administrativa de las entidades públicas sino también imponen un carga imposible de ejecutar en los tiempos que la circular establece”, advierte una carta firmada por la ministra Gloria Inés Ramírez.
Finalizar los contratos de prestación de servicios es casi imposible a corto y mediano plazo, explican abogados y funcionarios que trabajan en las sectoriales de contratación del Cesar.
Por Redacción EL PILÓN
Durante la campaña electoral, el presidente Gustavo Petro señaló que uno de sus propósitos era finalizar los contratos de prestación de servicios, empezando por el sector público. En días pasados, la Función Pública emitió una circular para iniciar la formalización del empleo en las entidades del Estado, y dio un plazo de cuatro meses.
Sin embargo, lejos de dar claridad, el plazo establecido y los pocos estudios técnicos solo generaron incertidumbre en las entidades. Una de las mayores críticas ha sido la representante Catherine Juvinao.
“Lo único que van a generar es una parálisis administrativa que perjudicará a contratistas que hacen bien su trabajo. El problema de la formalización del empleo público no se resuelve con circulares disparatadas sino con una reforma laboral bien estructurada y política pública”, señaló a través de Twitter.
Finalizar los contratos de prestación de servicios es casi imposible a corto y mediano plazo, explican abogados y funcionarios que trabajan en las sectoriales de contratación del Cesar.
Por ejemplo, en Corpocesar, una entidad autónoma, pero que entraría dentro de la circular, la planta aprobada es de 106 funcionarios, de esos, más del 50% lo cubre económicamente el Ministerio de Hacienda. Con sus recursos, la entidad paga los salarios de menos de 30.
Mientras que por prestación de servicios, en Corpocesar tienen más de 100 contratistas desarrollando labores técnicas y profesionales, incluso varios prestadores de servicio cubren las vacantes que no se han llenado. ¿Por qué? Por falta de recursos.
Allí uno de los ‘meollos’ del asunto. Cualquier formalización laboral, seguramente, requerirá de mayor inversión. “El problema de siempre es el dinero para cubrir esos sueldos”, señalan conocedores.
Además, como demostró La Silla Vacía en una investigación, en casi todas las entidades el 70 u 80% de los empleados están contratados a través de prestación de servicios.
Un ejemplo es la Gobernación del Cesar. Durante su Plan Anual de adquisiciones del 2022, la entidad departamental proyectó más de 1.181 contratos por prestación de servicios, la mayoría de ellos para contratar profesionales y técnicos. Respecto a los funcionarios, la planta de personal de la Gobernación del Cesar cuenta con 277 empleados. La Alcaldía de Valledupar no se queda atrás: durante 2022 registró más de 330 contratos de prestación de servicios.
El mismo Ministerio de Trabajo confirmó que dicha circular de la Función Pública estaba alejada de la realidad, ya que “no contó con la previa articulación, y por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro (4) meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes (…) no solo dificulta la gestión administrativa de las entidades públicas sino también imponen un carga imposible de ejecutar en los tiempos que la circular establece”, advierte una carta firmada por la ministra Gloria Inés Ramírez.