Por Eduardo Verano De La Rosa 

En buena hora se abre la discusión sobre Modernización de los ingresos de los Gobiernos territoriales. El Estado Nacional maneja los impuestos más poderosos y seguros como los de renta, patrimonio, ventas y aduana. A los Gobiernos Locales les quedan los impuestos más débiles, de más difícil control y recaudo. Las alcaldías  manejan el impuesto predial e industria y comercio. 

Los departamentos tienen los impuestos de vehículos, licores, cervezas, cigarrillos, impuestos de consumo, monopolio de licores y el impuesto de registro. Son los impuestos más diminutos, débiles y más difíciles de controlar y modernizar.

Este esquema ha hecho que el Gobierno nacional concentre el 85% de los ingresos del Estado y que los gobiernos locales solo un 15%. En países  desarrollados la proporción es 50/50. La nuestra que es 85/15 hace que los gobiernos locales sufran una dependencia tortuosa del gobierno central para sacar adelante sus proyectos.

Para  fortalecer los impuestos municipales el único proceso de modernización posible es la actualización de los avalúos catastrales, o catastro multipropósito. Por eso es importante explorar nuevas fuentes de ingresos municipales como: el valor del suelo, densificación urbana y derrames de valorización.

Los departamentos dependen de ingresos creados hace 300 años durante la Colonia como impuestos al tabaco, alcohol, licores y registro. Les ha tocado crear varias estampillas para la contratación como Pro Desarrollo, Pro Cultura, Pro Edificaciones. Todos estos ingresos son pequeños y obsoletos, sin dinámica de crecimiento. Lo contradictorio es que a través de fallos judiciales  se les asignan más responsabilidades y competencias pero con los mismos recursos. 

El ministro Ocampo y el director del DNP, Gonzales, anuncian una reforma tributaria territorial, para darle a los impuestos un vuelco y volverlos más generosos, para garantizar recursos  que requieren los gobiernos locales para construir su infraestructura y proyectos sociales que disminuyan la desigualdad entre regiones. La Constitución del 91 impulsó un fortalecimiento de las finanzas territoriales.

Hasta ahora se ha logrado todo lo contrario. Hay mayor concentración de los recursos en el Gobierno central que los utiliza para sostener  una robusta estructura burocrática con más de 1 millón de empleados y una innecesaria maraña institucional. Se quedan con los recursos, y solo quieren ceder las competencias. Lo justo es que los gobiernos territoriales se queden con la mitad del IVA.

Además el Gobierno central construye sus edificios con su consabido desarrollo urbano en Bogotá donde están los ministerios e institutos descentralizados con su presupuesto y burocracia. Eso explica la mayor dinámica económica de Bogotá. 

Los gobiernos locales siguen débiles. Es la razón por la que gobernadores y alcaldes del país deben permanecer la mitad de su tiempo desfilando de ministerio en ministerio e institutos buscando  recursos. La única verdadera reforma aceptable es la que entregue mayores recursos reales a las alcaldías, departamentos y regiones como entidades territoriales que se podrán crear a partir de la ley de regiones. Pero no se les asignaron recursos. Entonces todo quedó igual. 

Las inversiones que se impulsan, desde las regiones, entidades territoriales son diferentes a las obras de carácter nacional, incluso diferentes a las obras con diseño local. Las obras regionales son importantes porque tienen visión regional y atienden requerimientos supra departamentales. No funciona el criterio estrictamente nacional para obras de carácter regional. Por no entenderlo la brecha sigue agrandándose.