Por Carlos Andrés Añez Maestre   

El comité de seguimiento a la inversión de regalías conocido por sus siglas (CSIR) continúa con su valiosa labor de generar espacios de reflexión sobre el estado de los recursos del SGR, no sólo revisando lo que hasta el momento se ha hecho, también analizando los factores que impactan positiva o negativamente en el precio del carbón y los ingresos de los municipios mineros en el próximo bienio como detalladamente lo explicó el señor Alfredo Coronado.

Con la participación de muchos sectores, representantes de la UPC, UDES, Universidad Nacional, veedores, miembros de Juntas Administradoras Locales, diputados, alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico- Cesar, Sociedad de Ingenieros, estudiantes, rectores de colegio, ciudadanos inquietos y medios de comunicación, el 13 de diciembre se desarrolló sesión del CSIR cuya presidencia la ejerce la ingeniera Gelca Gutiérrez rectora de la Fundación Universitaria del Area Andina. 

Entre los puntos expuestos en la jornada se insiste en la falta de pertinencia de muchas obras que se están ejecutando en el Cesar, gracias a las regalías como lo dejó planteado la profesora Astrid Navarro, entre esos está el parque deportivo ‘Primero la gente’, del corregimiento La Loma, del Paso-Cesar, con una inversión de $3.492.377.273, para un plazo de 7 meses, contrato firmado 30 de junio del 2022,  en ese perjudicial hábito de mandatarios locales de gastarse las regalías en parque y plaza mientras las necesidades más apremiantes siguen sin atender entre ellos la falta de agua potable, deficiente servicio de energías, empleo, salud, educación, etc.

Otra situación revelada en la sesión del CSIR está relacionada con  las grandes obras contratadas por el gobierno departamental, una de ellas la construcción de instituciones educativas en el municipio de Valledupar, un polémico proyecto que compromete al colegio Alfonso López, Instpecam y Casd; las obras del colegio Alfonso López fueron adjudicadas al Consorcio Edificaciones Educativas 2022 representada por Antony Wong Lorduy, personaje protagonista de serios escándalos en el distrito de Cartagena como contratista de Edurbe, cuyo crecimiento en la contratación estatal la ha adquirido en el Cesar, participó también en el proceso contractual para el mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el marco del pacto funcional Cesar- Guajira, en el Departamento del Cesar por valor de $472.229.183861 adjudicado a Consorcio Infraestructura Vial del Cesar, siendo representante legal Omar Mourkazel de la Espriella, de lo que escribí en columna anterior, a simple vista parecería que todo marcha de maravilla de no ser por el pequeño detalle de que las obras de la gobernación del Cesar están reservadas exclusivamente para cartageneros, por lo que me atrevo preguntar ¿Existe un cartel de contratación que vulnera la selección objetiva en estos contratos?

Estos procesos fueron adelantados por la secretaría de infraestructura de la gobernación del Cesar Esther Mendoza Peinado, investigada por la Procuraduría General de la Nación y hoy tiene cargos mediante auto del 12 de mayo del 2021 en proceso IUS E-2021-277763/ IUCD-2021-1898527 por posiblemente desconocer los principios de la contratación estatal en la escogencia del contratista de la obra conocida como Centro Cultural de la Música Vallenata, al establecer en los pliegos condiciones requisitos que impedían la participación de varios proponentes propiciando la participación de uno solo, recordemos que son varios los secretarios del gobierno Monsalvo sancionados por irregularidades en contratación y ahí están Jorge Araujo, quien a pesar de fallo de responsabilidad fiscal no sale de la secretaría de educación departamental, Omar Maestre, exsecretario de infraestructura y Jaime Luís Fuentes Pumarejo, exsecretario general; ahora solo falta esperar los resultados de la investigación disciplinaria contra la secretaria Esther Mendoza, porque de llegar a demostrarse las irregularidades en la escogencia del contratista del CCMV podríamos estar incluso en delitos como el interés indebido en la celebración de contrato art. 409 Código Penal. 

Todas estas revelaciones fueron expuestas al interior del CSIR para continuar con esa labor de seguimiento a los recursos de regalías, promoviendo la participación de todos los ciudadanos para exigir resultados en la buena inversión de estos recursos, culminación de obras y actuaciones efectivas de las autoridades que por cierto no asistieron a pesar de la invitación que se les extendió, grave esto último.