Máxime indicar, el transporte y la seguridad son bienes públicos intangibles, la situación actual de estos dejaron de evidenciar indicadores de percepción. Hoy reflejan inseguridad en los componentes del servicio en la capital del país.

“TransMilenio es un sistema de transporte público de Bogotá. Ha sido el pilar de la movilidad de Bogotá por 20 años. Prevé ingresos de $1.500 millones anuales”, según reveló Portafolio.

Las problemáticas que persisten en el sistema de transporte son la inseguridad ciudadana, miles de usuarios colados, trasteos irregulares, manoseo, hurtos, homicidios por intolerancia y sumado a la amenaza por contaminación del aire por décadas, protección que le corresponde al Estado como medidas preventivas por tratarse de un problema ambiental y de salud pública.

La Sentencia T-733 de 2017 condenó a las autoridades públicas por omisiones y errores graves en el ejercicio del control ambiental. 

Por supuesto, la misión del sistema de transporte, es transportar personas y hoy por hoy se registran toda clase de actividades económicas informales de productos. Estos comportamientos atípicos al interior de las estaciones de servicios, las han posicionado en analogía del proverbio universal, la costumbre hagámosla ley.

En efecto, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, ha revelado cifras que estimularon un deterioro en la percepción de los ciudadanos capitalinos. Su debilidad gerencial en los últimos años registra incapacidad institucional, de tal modo que días pasados se posesionó el nuevo gerente de Transmilenio.

Por consiguiente, la supremacía de la alcaldesa y la Policía Nacional dentro de sus funciones atribuidas deben aumentar el pie de fuerza y garantizar la seguridad a la ciudadanía en cada jurisdicción del servicio. De manera que, operativos y monitoreo constantes con enfoque de sensibilidad ciudadana.

La Policía Nacional no ejerce su función con contundencia por fallos judiciales que han protegido derechos constitucionales, el mínimo vital y el derecho al empleo vendedor semiestacionario. 

Del contexto, el gobierno distrital y sus entidades adscritas deben implementar y adoptar un PMU con mejor eficacia, inteligencia oculta en las estaciones de servicios y contrarrestar la falta de control y la inseguridad en cada uno de sus componentes del sistema de Transmilenio frente al dinamismo diario por el uso de los usuarios al sistema.

Si bien es cierto, de los 1.000 millones anuales que ingresan al sistema, imaginemos el detrimento incalculable día a día por personas coladas en el sistema. 

Al gobierno distrital le corresponde priorizar y convocar licitación pública, mejora la infraestructura física del sistema y convierte más seguro el servicio integral. Existen problemas de diseño e infraestructura. En estos momentos no hay sistema de barreras de acceso.

Del comportamiento social, se deben implementar oficinas móviles internas apoyadas con personal especializado en seguridad e inteligencia oculta de patrullaje permanente que faciliten la judicialización inmediata de los capturados y se evite la impunidad, ocurrida en muchas ocasiones por falta de pruebas e insensatez de los administradores de justicia.

Las conductas anti ciudadanas precitadas, superaron la capacidad del Distrito Capital. El sistema de transporte en el tiempo se deteriora ante conflictos urbanos.

Corolario, el sistema de transporte tiene que cambiar, so pena de recibir sanciones por detrimento ante la omisión gerencial y la falta de diligencia institucional. Por supuesto, el sistema requiere con prioridad una reingeniería y gerencia con planeación estratégica sostenible. Amanecerá y veremos.