La abogada vallenata Amelia Cotes asumió funciones como directora de Asuntos Religiosos en el Viceministerio de Diálogo e Inclusión Social del Ministerio del Interior. 

Cotes Cortés dijo a EL PILÓN que los pueblos indígenas no estaban vinculados, expresamente, en la política pública de libertad religiosa y contó cuáles son los retos en esta materia. 

¿Cuáles son las funciones principales de la Dirección de Asuntos Religiosos?  

Los dos ejes principales de la oficina son: primero, todo lo que tiene que ver con la expedición de personerías jurídicas de las iglesias en Colombia. 

Algo así como una cámara de comercio, pero exclusivamente para las organizaciones religiosas que requieran formalizarse. 

El segundo eje es la implementación de la Política Pública de Libertad Religiosa, basada en la Ley 133 de 1994 que reglamenta cómo se estructura ese derecho fundamental. Esta política la han adoptado 20 departamentos de Colombia. 

¿Incluido el departamento del Cesar? 

En el Cesar y su capital, Valledupar, apenas estamos trabajando por ella, todavía no la tenemos. El gran reto es ayudar a las entidades territoriales a construir esa política pública, en mi caso el reto es orientarlas hacia la paz total. 

¿Qué puede aportar la libertad religiosa a la construcción de paz total en Colombia? 

Para nadie es un secreto la función social que cumplen las iglesias en todo el territorio y que permean todas las esferas de nuestras vidas. De acuerdo a los roles que desempeñan pueden ser actores relevantes para servir como canales de diálogo. 

Esta oficina también canaliza la cooperación internacional y por medio de ella se financian proyectos sociales y de desarrollo. 

Pero cuando se habla de libertad religiosa y de culto, no solo se refiere al movimiento cristiano, sino también a otros grupos e incluso a los que no practican una religión. ¿Cómo se vinculan?

Esta oficina no solo atiende a población cristiana, aunque Colombia es un país principalmente cristiano. En nuestra línea también trabajamos con iglesias judías, del islam, budistas, hinduístas, quienes también tienen que cumplir unos requisitos para ser reconocidas como iglesias. 

La Sociedad de Ateos me decía que no los viéramos como enemigos y justamente estamos llamados a trabajar con los que no creen porque eso hace parte de la potestad de los individuos. 

En el caso de los pueblos étnicos o indígenas, también conservan creencias particulares, lo que incluso ha generado debate a la hora de proponer obras como el embalse Los Besotes, ¿cómo están incluídos en esa política pública?

Revisando los documentos que hay, no necesariamente estaban vinculados de manera expresa en  esta política pública, pero definitivamente nuestros hermanos indígenas y poblaciones afro tienen una cosmovisión sumamente respetable porque son creencias que construyen sus culturas y mi apuesta es trabajar con ellos. 

Hay que ampliar el círculo de trabajo porque todos somos necesarios. En el Cesar tenemos una pluriculturalidad amplísima con cuatro pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y los yukpas que están en la serranía de Perijá… Creo que es un terreno virgen en el que puede trabajar esta oficina, definitivamente no todo está hecho y hay que ampliar el horizonte. 

Volviendo a las iglesias, ¿está de acuerdo con que paguen impuestos por actividades ajenas al culto religioso? 

Todas las iglesias han pagado todos los impuestos, a excepción de tres…, que es una forma de compensar un trabajo de transformación casi que invaluable que el Estado no tendría cómo compensar. 

Lo que creo es que se ha hecho una gran campaña de desprestigio diciendo que las iglesias no pagan los impuestos cuando han tenido una carga tributaria normal como los demás ciudadanos.  

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Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN. 

@andreaguerraperiodista