Enviadas a prisión trece personas que presuntamente orquestaron un desfalco de $1.800 millones de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
A un centro carcelario fueron enviadas trece personas que presuntamente orquestaron un desfalco de $1.800 millones de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira.
Los afectados con la medida de aseguramiento son Mónica María López Dangond, Marta Cecilia García Rangel, Brithany Bissett Bautista, Lizyani González de Luque, Merlín Johana González Redondo, Pamela Nertih Peralaya Moscote, Yajaira Epiayú Uriana, Ramiro Antonio Bautista Martínez, Fabio Andrés López Suárez, Claro Miguel Socarrás Ramírez, Alan David Bautista García, Javier Alfonso Fragozo Daza y Cristian Andrés Roys Brito.
“Las investigaciones dan cuenta de que habrían sido presentadas y tramitadas cuentas de cobro sin que existiera un vínculo laboral o contractual con la institución. En ese sentido, los hoy procesados, al parecer, recibieron en sus cuentas bancarias pagos por actividades y servicios que nunca se prestaron“, dijo la Fiscalía.
Según el ente, el entramado estuvo dirigido por un funcionario que falleció y contó con la participación del extesorero de la entidad, Ramón José Aguilar Blanco.
Por eso, todos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Enviadas a prisión trece personas que presuntamente orquestaron un desfalco de $1.800 millones de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
A un centro carcelario fueron enviadas trece personas que presuntamente orquestaron un desfalco de $1.800 millones de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira.
Los afectados con la medida de aseguramiento son Mónica María López Dangond, Marta Cecilia García Rangel, Brithany Bissett Bautista, Lizyani González de Luque, Merlín Johana González Redondo, Pamela Nertih Peralaya Moscote, Yajaira Epiayú Uriana, Ramiro Antonio Bautista Martínez, Fabio Andrés López Suárez, Claro Miguel Socarrás Ramírez, Alan David Bautista García, Javier Alfonso Fragozo Daza y Cristian Andrés Roys Brito.
“Las investigaciones dan cuenta de que habrían sido presentadas y tramitadas cuentas de cobro sin que existiera un vínculo laboral o contractual con la institución. En ese sentido, los hoy procesados, al parecer, recibieron en sus cuentas bancarias pagos por actividades y servicios que nunca se prestaron“, dijo la Fiscalía.
Según el ente, el entramado estuvo dirigido por un funcionario que falleció y contó con la participación del extesorero de la entidad, Ramón José Aguilar Blanco.
Por eso, todos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.