Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París. La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la transición energética la estrategia para lograrlo. 

Colombia por su parte tiene el compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que para el 2019 alcanzaron las 275 millones de toneladas, 0.57% de las totales,  en un 51% para el 2030.

Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo y sus propios medios a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.

Cada país se da su propia hoja de ruta de la transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos. Al fin y al cabo es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. 

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de GEI es el sector energético con el 73.5%, este solo contribuye con el 14%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30% (¡!).

De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el ecocidio de la devastadora deforestación, in crescendo, que supera las 170.000 hectáreas anuales. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional, tanto con la Agenda de París como con los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) suscritos en 2015.