La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, aseguró a este diario que no hay pruebas sobre los presuntos desvíos de recursos en proyectos para la paz en el Cesar, aunque al Ministerio Público llegaron denuncias  y hay diez investigaciones abiertas. 

Cabello llegó a la capital del Cesar para asistir a la XXV instalación del Encuentro de Jurisdicción Ordinaria que se desarrolla en esta ciudad. 

Se ha hablado mucho sobre el presunto robo de 500 mil millones de pesos de los proyectos del Ocad Paz, pero ¿cómo van las indagaciones sobre el particular? 

La Procuraduría vigila el Ocad-Paz con un equipo especial de regalías que tiene, pero que es pequeño y tiene recursos mínimos. Se presentaron dos o tres denuncias desde la Procuraduría anterior, pero se archivaron porque no decían nada. 

No obstante, a raíz de los comentarios de que se habían robado $500 mil millones, de lo cual no hay pruebas ni está demostrado de ninguna manera, tenemos 10 investigaciones abiertas y estamos recopilando pruebas a ver qué encontramos. 

Sin embargo los medios de comunicación han hecho investigaciones y también se hizo un debate en el Congreso… 

Independientemente del ruido que se ha hecho sobre los presuntos sobornos, nosotros estamos yendo más allá porque a mí lo que me preocupa es la ejecución de esos proyectos y ahí es donde ya casi estamos listos para demostrarles las preocupaciones que hay. 

Adjudicado un contrato de un proyecto, hay unos plazos para ejecutarlo y es ahí donde hemos encontrado falencias porque recibieron dineros y los proyectos no los están ejecutando, por ejemplo, en La Guajira, Sucre, Amazonas… 

Eso se le mandó al viceprocurador y yo creo que en poco tiempo mostraremos resultados porque está más la preocupación en la ejecución de esos proyectos que en la coima que también es preocupante por el tema de la transparencia.

¿En qué quedaron las indagaciones sobre las obras de los Juegos Bolivarianos, puesto que hay algunos que no están finalizados? 

Todavía estamos vigilando porque muchos contratos fueron hacia futuro, pero si la Procuraduría no se hubiera metido aquí a apretar a todos los contratistas  a efectos de que por lo menos la mayoría de los escenarios funcionaran para los Juegos, no hubieran podido realizarlos.

Se han abierto disciplinarios y estamos en recopilación de pruebas porque si hubo demoras y otros escenarios no se pudieron hacer como el de baloncesto, pero más que la sanción disciplinaria, nos interesa es que se terminen las obras.   

Aunque su función también es prevenir, hay una sensación en la ciudadanía de que la Procuraduría anuncia más investigaciones que resultados, ¿a qué se debe esto? 

Resultados hay muchos, todos los meses mostramos el número de sanciones más importantes, pero hay que recordar que es un proceso con garantías. 

El proceso disciplinario conlleva 6 meses de indagación, 6 meses para determinar si archiva o si abre pliego de cargos y luego sí viene la etapa de juzgamiento, todo eso implica mínimo un año y medio. Eso hace que no sean tan rápidas las decisiones. 

Está vivo el debate por el tema del alza en las tarifas de energía, ¿qué está haciendo la Procuraduría para apoyar a la ciudadanía? 

La Procuraduría viene trabajando desde hace años con el problema de energía y lo retomamos por las múltiples quejas desde noviembre de 2021 con mesas de trabajo para efectos de resolver el tema, sobre todo en la Costa Atlántica. 

La alerta se genera porque la ausencia de energía en un año es de 90 horas en la Costa Caribe cuando la regla en el mundo es de 1 hora. ¡Eso es insostenible en un país en desarrollo! Hemos pedido a la Superintendencia un informe detallado con los indicadores de la calidad del servicio porque además debe haber un mayor control en las inversiones. 

Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN. 

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