Para los que leyeron mi columna anterior en donde me refiero al tema de moda y el dolor de cabeza de los hogares de la Costa Caribe, si bien es cierto que todos hablamos del problema, las soluciones deben ir más allá de plantones, vías de hecho (reprochables cualesquiera que sean) y la acostumbrada queja en redes sociales.

Ni Afinia ni Aire van a hacer nada para bajar las tarifas porque sencillamente no pueden y así pudiesen no lo van a hacer porque están en un “mercado libre” donde lo importante es recuperar la inversión y esto está bien, pero ¿Cómo estabilizar un mercado en donde el 40% de sus usuarios ganan menos de siete dólares al día? ¿Cómo recuperar unas pérdidas que vienen arrastrando cientos de millones mes a mes? O se hace bajando la tarifa o mediante subsidios, y las dos opciones están descartadas.

La apuesta entonces es abaratar el costo del kW/h desde la generación, pues con la actual matriz energética la tendencia es que los costos subirán por lo menos un 35% en los próximos tres años, y ojo porque nos podemos quedar cortos en esta cifra pues podría ser más alta, y las razones son ampliamente conocidas, los cambios mundiales en la demanda de recursos no renovables, los retrasos en los proyectos de generación internos, los conflictos externos por el control del gas y del petróleo en Europa y Medio Oriente, muestran un panorama adverso. Pero como lo que se requieren son acciones inmediatas, para el ciudadano de a pie, debe tener al menos opciones viables para zafarse del actual modelo de mercado regulado al que lo esclaviza el leonino contrato de condiciones uniformes impuesto por la CREG, avalado por Superservicios y ejecutado sin consideración por la empresa comercializadora.

La primera decisión que deben tomar es buscar los mecanismos para zafarse del actual mercado regulado y pasarse a un mercado mayorista, esta decisión le permite buscar cuál comercializador le ofrece una mejor tarifa pues es importante saber que la energía como cualquier producto se transa en bolsa y está a la mano de los consumidores para ser comprada, con el lleno de unos requisitos que, si somos juiciosos y hacemos caso, los resultados nos pueden favorecer.

Sumado al cambio de mercado existe un segundo paso que es complementario al anterior y tiene que ver con la autogeneración de energía, en este momento la más accesible es la energía fotovoltaica a través de la instalación de paneles solares que cada vez se vuelve una tendencia y ha hecho que los costos de inversión vayan en franca caída debido a la gran oferta que hay en el  mercado, y en ese mismo sentido las entidades financiera ofrecen líneas de crédito que fomentan la transición hacia energías limpias con tasas preferenciales y lo que es profundamente positivo, los proyectos de energía solar son autofinanciables, es decir con el ahorro que se genera por el costo del kilovatio pagan la inversión, especialmente los grandes consumidores.

Pero todo no puede ser color de rosa, la decisión de cambiarse de mercado y volverse auto generador es más fácil en las empresas que tiene grandes consumos pues uno de los requisitos es este como lo mencioné anteriormente, para los consumidores residenciales dependerá de su capacidad de organizarse y tomar la decisión en conjunto por ejemplo las unidades habitacionales cerradas, edificios de apartamentos o barrios que de manera concertada se pongan de acuerdo y decidan apostarle como comunidad al proyecto caso que en esta ciudad será muy difícil debido a nuestra cultura de no asociatividad.

La solución definitiva requiere una intervención mucho más compleja y un camino largo por recorrer pues depende de la decisión del Estado de revisar la Ley 142/94, mediante la cual se regularon los servicios públicos domiciliarios, es una ley que está amparada por tratados internacionales que suponen lo que llamamos “seguridad jurídica” a los inversionistas, es decir que una vez hecha la inversión no me pueden cambiar las reglas de juego, recordemos que la intervención de Electricaribe nos costó un millonario pleito con la poderosa empresa Unión Fenosa en un tribunal en New York, mientras tanto los comercializadores ganan con sello y los usuarios pierden con cara.