Entre más grande es la mentira, más gente la creerá: Joseph Goebbels. Decir que el Estado va a recuperar los $70.000 millones de conectividad para llevar el Internet a la zona rural, abudineados en el gobierno Duque, o los $7 billones de Ocad-Paz, es una perogrullada, expresión que significa tan sabido y conocido que resulta tonto decirlo, aunque la gente prefiere la mentira disfrazada de verdad, que la verdad monda y lironda.

Beneficios de ingresos, exenciones y evasión de impuestos son la piedra angular de la “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”, ya radicada ante el Congreso de la República, encaminada a atenuar el déficit fiscal del 7.1% del PIB y la deuda externa que alcanza los $175 mil millones de dólares, metas que se podrían lograr con un blindaje anticorrupción de los $25 billones a recaudar, y es la gran apuesta del mandato que lidera el presidente Gustavo Petro, que igual anuncia cárcel contra los evasores del fisco.

Claro que el gobierno necesita los impuestos para financiar los programas socioeconómicos y de infraestructura, sin que ello implique gravar las pensiones, que lejos de ser un ingreso laboral, configuran la devolución de un ahorro hecho por el trabajador durante su vida activa, como lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia C-177 de 1988. Sería un desgaste innecesario y otro intento fallido ante esa instancia, al violentarse el Artículo 363 de la Constitución Política.

El senador Alexander López cita la norma de normas para advertir que gravar las pensiones rompe el equilibrio de los principios de equidad, eficiencia y progresividad al transgredir la prohibición de doble tributación, tesis compartida por la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente.

El ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, sostiene que Colombia es el único país del mundo donde las pensiones están exentas de impuestos, pero gravarlas requiere una reforma Constitucional, porque de no agotarse este trámite, más temprano que tarde el alto tribunal las declararía inexequibles, intento en el que han sucumbido gobiernos anteriores.

Pero pasemos de un tema de ámbito nacional a un asunto comarcal, tras el sesudo estudio de la Cámara de Comercio de Valledupar sobre las potencialidades del Cesar, documento en alegoría al nuevo gobierno, el presidente ejecutivo de la entidad gremial, José Luis Urón Márquez, ha titulado “Colombia Potencia de Vida 2022-2026”, donde entre otros sectores básicos pone al turismo en la nueva senda de reactivación económica, como uno de los renglones que no contaminan, empero armonizan con la economía productiva, herramienta de gran valor en la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo.

Y como las cosas se deshacen como se hacen, la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, tras advertir que no solo encontró la olla raspada, sino que se llevaron la olla, hizo relevantes anuncios, que van desde acabar los contratos de prestación de servicios, que permitan salarios decentes, hasta la promulgación de la Ley 113 de 2022, para efectos de derogar la Ley 789 de 2002 que eliminó los dominicales, festivos, reformó la jornada de trabajo y cambió los recargos nocturnos con el fin de generar empleo, sin lograrlo, por eso es discutible la teoría económica que sustenta que el reconocimiento de horas extras aumentaría el desempleo.

La gran novedad gira en torno a la fuerza pública, cuya eficiencia se medirá por la capacidad de neutralizar masacres y evitar el exterminio de líderes sociales, resultados que determinarán los ascensos del mando militar y policial, como un premio a la vida, contrario a las políticas de bajas simuladas en combates, llamadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, precedente que es una vergüenza nacional ante la faz del mundo.