En el año 2014, el gobierno le encomendó al Dane realizar un Censo Nacional Agropecuario, para saber el estado de salud del campo colombiano. Un año después, los resultados determinaron que el sector agropecuario estaba en sala de urgencias. 

Del 100% de los productores encuestados, alrededor del 90% dijeron que no accedían a créditos de fomento de Finagro ni del banco Agrario; que no recibían asistencia técnica de las Umatas municipales; no contaban con distritos de riego; que el mal estado de las vías rurales les dificultaba el acceso a sus fincas y que nunca habían recibido variedades de nuevas semillas que produce Agrosavia. 

Ocho años después, todo sigue igual o peor. Hablando en términos médicos, el sector agropecuario pasó de la sala de urgencias a cuidados intensivos. 

A pesar de todo ese abandono del Estado, los productores del campo han podido sobrevivir a la agresiva competencia de este mundo globalizado de la economía. El microciclo de buenos precios de los commodities agrícolas pospandemia, les permitió recuperarse de las dificultades financieras y amortiguar los altos costos de los insumos agrícolas, combustibles, transportes y maquinaria agrícola.

Ahora están nuevamente en una situación de angustia por los anuncios de una mayor carga tributaria y la incertidumbre sobre la seguridad jurídica de sus terrenos. A la hora de escribir esta columna, la Corte Constitucional no se había pronunciado al respecto. Ojalá la decisión que tome no ponga en riesgo la inversión en el campo ni la financiación por parte de la banca. Uno no maltrata a quienes producen y nos proveen la comida.

Se preguntarán ustedes ¿y cómo se va a enfrentar esta crisis y situación de incertidumbre?. Desde este espacio, he propuesto varias veces a los gobiernos de turno y organizaciones gremiales ligadas al agro, la necesidad de crear una mesa de trabajo para definir tres temas fundamentales: i) un ordenamiento de la propiedad rural y del sector productivo; ii) concretar la política sectoriales que requiere el agro colombiano en el corto, mediano y largo plazo, y iii) acordar un mayor presupuesto para los instrumentos de ayudas e incentivos que se requieren para enfrentar los problemas coyunturales del sector y darle un impulso a la agricultura familiar campesina y empresarial, con el fin de mantener el empleo del sector, el desarrollo rural y el equilibrio territorial.

¿Por qué no comenzar, por ejemplo, con un plan de amnistía total de cartera morosa del impuesto predial rural para quienes deseen formalizar o sanear los títulos de sus predios rurales?. Ello permitiría aumentar el recaudo fiscal a las alcaldías, facilitar el proceso del catastro multipropósito y el ordenamiento productivo. Ya es hora de reemplazar a las ineficientes Umatas por las UPRA municipales, para que sirvan como una herramienta básica de planificación de las inversiones que los productores de los sectores agrícola, pecuario, pesquero y forestal, vayan a realizar. Es decir, definir a través de una planeación estratégica el mejor aprovechamiento de sus suelos y del clima. Con esta herramienta, el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales, podrán direccionar más eficientemente sus presupuestos de ayudas, incentivos e inversiones en bienes públicos. Ojalá el nuevo gobierno asuma este compromiso.