Por disposición del Decreto 135 de 1965 se estableció la fecha del primer domingo de junio de cada año para la celebración del Día del campesino en Colombia. Pero, la verdad sea dicha, el agobiado y discriminado campesinado colombiano tiene más motivos para lamentar que para celebrar debido al inveterado abandono del cual ha sido objeto por parte de los gobiernos, que le han dado la espalda. 

Según el censo agropecuario de 2014 la concentración de la tenencia de la tierra en Colombia es aberrante: 6.000 predios con más de 1.000 hectáreas acaparaban el 74% de la superficie cultivada del país, en manos del 0.2% de los propietarios. Y tan preocupante como la concentración en tan pocas manos de la tierra es la improductividad de los latifundios, los cuales permanecen en una alta proporción ociosa o de engorde, convertidos en alcancía. De 26.5 millones de hectáreas con vocación agrícola, según la UPRA solo se cultivan 5´901.363 hectáreas, el 22.2%,

Ello, sumado a la apertura comercial atolondrada decretada en 1991 y al embeleco de los TLC, explican en gran medida que Colombia pasara de importar 700.000 toneladas de alimentos en 1990 a 14 millones actualmente, el 34% de los que se consumen en el país. 

En 2014 el DNP convocó la Misión para la transformación del campo, bajo la batuta del ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, con miras a “saldar la deuda histórica con el campo” colombiano. Entre sus conclusiones y recomendaciones la Misión planteó la necesidad de “garantizar oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales a nuestros habitantes rurales” y a quienes retornen añadiríamos nosotros, “para que tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran”, reconstruyendo el tejido social desgarrado por la violencia despiadada que los ha escarnecido. 

Y para ello es fundamental una reforma rural integral, la misma a la que se comprometió el Estado colombiano en el primer punto del Acuerdo final con las FARC, que pasa por la restitución de la tierra a quienes fueron despojados de ella y desplazados violentamente, la titulación y la formalización de la tenencia de tierras, así como por la adjudicación de tierras a quienes carecen de ellas. 

La reforma rural integral, con la cual se busca superar la pobreza y la desigualdad en el campo y brindar condiciones de bienestar a todos los habitantes rurales es el punto en el que menos se ha avanzado en la implementación del citado Acuerdo. Y ello no es de extrañar, puesto que la renuencia, la reticencia en avanzar en dicha reforma tiene sus antecedentes históricos. 

Bien dijo Manuel Alfonso Ramos que si no se adelanta una verdadera reforma agraria “no podrá avanzarse en el proceso de reconstrucción de la sociedad rural, de superación de la violencia y de promoción del desarrollo integral”. De ello debe tomar nota quien sea el Presidente elegido el próximo 19 de junio, para no defraudar una vez más al campesinado colombiano.