La exfuncionaria Yaneth Sáenz pagaría la pena por los delitos de peculado por apropiación, en concurso homogéneo con el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La exalcaldesa de Becerril encargada, Yaneth Sáenz Fuentes, fue condenada a pagar 15 años y cuatro meses de prisión por haber ocasionado un detrimento patrimonial en el municipio mediante un proyecto de vivienda en el año 2009.
La sentencia fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento por los delitos de peculado por apropiación, en concurso homogéneo con el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación responde a unas irregularidades que se presentaron en el convenio No. 011 del 8 de mayo de 2009, suscrito por la entonces mandataria encargada y la Fundación para el Trabajo y el Desarrollo Comunitario, Funsoc, con el objetivo de construir la urbanización ‘Ecociudadela’ con 330 viviendas.
Para eso, el municipio entregó a la fundación la suma de $994.505.365, y esta última se comprometió solamente a la entrega del lote del terreno donde se debía realizar la obra. Sin embargo, casi todo lo hicieron fuera del marco legal.
Según la Fiscalía 5 seccional, el convenio fue celebrado bajo la modalidad de contratación directa, obviando la modalidad de selección, como lo es la licitación pública consagrada en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
Además, suscribieron otro documento donde realizaban unas modificaciones, entre ellas, el cambio de interventor externo de la obra por un interventor designado por la Fundación, violando así la norma que establece que la interventoría debe ejercerla una persona independiente del contratista y el contratante.
“Se estableció que el lote de terreno donde debía construir las viviendas, se encontraban invadidas, por lo que la fundación no estaba cumpliendo lo acordado, así que iniciada la obra el día 28 de agosto de 2009, fue necesario la suspensión el día 31 de agosto de 2009 con la utilización de la falsificación de la firma del interventor, ello, con el ánimo de anotar cláusulas favorables al contratista, como la renuncia a la declaratoria de incumplimiento de contrato ni hacerle efectiva la cláusula de caducidad (sic)”, reza en el expediente del caso.
Otra irregularidad es que reportaron en el proyecto inversiones en compras de materiales en una ferretería, sin embargo, se determinó que $396.233.596 no fueron invertidos en el proyecto y mucho menos en la compra de materiales en el establecimiento de comercio reportado.
En consecuencia, la Fiscalía el día 9 de octubre de 2013 le imputó cargos a Yanet Sáenz Fuentes, declarada en contumacia, es decir como persona ausente.
Después de un extenso pleito condenaron a Sáenz Fuentes por los tres delitos citados y solo la absolvieron por falsedad en documento público debido a que había prescrito.
Así las cosas, la juez ordenó que Yanet Sáenz Fuentes fuera capturada para que cumpla con la sentencia en centro carcelario.
La defensa interpuso recurso de apelación para que el Tribunal Superior Judicial de Valledupar ratifique, modifique o revoque el fallo de primera instancia.
La exfuncionaria Yaneth Sáenz pagaría la pena por los delitos de peculado por apropiación, en concurso homogéneo con el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La exalcaldesa de Becerril encargada, Yaneth Sáenz Fuentes, fue condenada a pagar 15 años y cuatro meses de prisión por haber ocasionado un detrimento patrimonial en el municipio mediante un proyecto de vivienda en el año 2009.
La sentencia fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento por los delitos de peculado por apropiación, en concurso homogéneo con el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación responde a unas irregularidades que se presentaron en el convenio No. 011 del 8 de mayo de 2009, suscrito por la entonces mandataria encargada y la Fundación para el Trabajo y el Desarrollo Comunitario, Funsoc, con el objetivo de construir la urbanización ‘Ecociudadela’ con 330 viviendas.
Para eso, el municipio entregó a la fundación la suma de $994.505.365, y esta última se comprometió solamente a la entrega del lote del terreno donde se debía realizar la obra. Sin embargo, casi todo lo hicieron fuera del marco legal.
Según la Fiscalía 5 seccional, el convenio fue celebrado bajo la modalidad de contratación directa, obviando la modalidad de selección, como lo es la licitación pública consagrada en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
Además, suscribieron otro documento donde realizaban unas modificaciones, entre ellas, el cambio de interventor externo de la obra por un interventor designado por la Fundación, violando así la norma que establece que la interventoría debe ejercerla una persona independiente del contratista y el contratante.
“Se estableció que el lote de terreno donde debía construir las viviendas, se encontraban invadidas, por lo que la fundación no estaba cumpliendo lo acordado, así que iniciada la obra el día 28 de agosto de 2009, fue necesario la suspensión el día 31 de agosto de 2009 con la utilización de la falsificación de la firma del interventor, ello, con el ánimo de anotar cláusulas favorables al contratista, como la renuncia a la declaratoria de incumplimiento de contrato ni hacerle efectiva la cláusula de caducidad (sic)”, reza en el expediente del caso.
Otra irregularidad es que reportaron en el proyecto inversiones en compras de materiales en una ferretería, sin embargo, se determinó que $396.233.596 no fueron invertidos en el proyecto y mucho menos en la compra de materiales en el establecimiento de comercio reportado.
En consecuencia, la Fiscalía el día 9 de octubre de 2013 le imputó cargos a Yanet Sáenz Fuentes, declarada en contumacia, es decir como persona ausente.
Después de un extenso pleito condenaron a Sáenz Fuentes por los tres delitos citados y solo la absolvieron por falsedad en documento público debido a que había prescrito.
Así las cosas, la juez ordenó que Yanet Sáenz Fuentes fuera capturada para que cumpla con la sentencia en centro carcelario.
La defensa interpuso recurso de apelación para que el Tribunal Superior Judicial de Valledupar ratifique, modifique o revoque el fallo de primera instancia.