En política no hay nada escrito, pero vaticinar que equis o ye partidos saca dos cámaras, cuando apurado saca una, es un globo que se desinfla por el desgaste de una pobre gestión legislativa, que al menos pueda mostrar el candidato una ley que impacte positivamente al conglomerado social, o de contera protagonizar un debate de control político que vuelque la mirada del Estado hacia este territorio, uno de los más golpeado de la geografía nacional.

Es un viejo truco que trasciende los tiempos y las generaciones para atraer al triunfalismo incauto de los que no les gusta perder el voto, pero que tampoco ganan votando al sufragar por el que tiene la aparente opción de triunfo.

Más vale pájaro en mano que cien volando, reza el viejo adagio. Un candidato seguro de arrastrar en el Cesar dos cámaras, le sería más rentable lanzarse al senado, pero pondría en riesgo su curul, la que aseguraría para la corporación de menor rango, porque igual equivale a ser congresista.

No discuta en temas de religión, política ni deporte, me decía Leniro Torres, condiscípulo del Loperena y de la Universidad del Magdalena, sabia reflexión para no caer en el fanatismo de la sinrazón, porque el fanático no razona, mejor echo mano de aquel dicho: después de frita la manteca se sabe el chicharrón que queda.

Los adagios no fallan, porque encarnan la filosofía popular y son la voz de la experiencia, enseñanzas que refrendan mi estatus de pensionado como periodista, máxima expresión de una actividad laboral que dignifica la vida humana.

La nueva generación periodística no podrá disfrutar de una pensión especial por obra y gracia del expresidente Uribe, al expedir el decreto 2090 de 2003, para borrar de un tajo estos derechos, porque ya el periodismo no representa una actividad de alto riesgo, como si no arriesgara su vida un corresponsal de guerra o un periodista que toque a grupos económicos o a las élites políticas por investigar y sacar a la luz un entramado, por lo general, asociado con la corrupción, el pan de cada día en este país del Sagrado Corazón. ¿Será un adefesio jurídico el susodicho decreto?

Por Miguel Aroca Yepes