Por fin el Superintendente de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar. Desde el año 2019 el personal de salud ha reclamado soluciones de fondo a un hospital en cuidados intensivos, y al que muchos dirigentes han querido dar sepultura. 

Tal parece que por lo menos la desidia gubernamental del orden nacional ha cesado. La intervención del hospital es una buena noticia para la red pública del departamento, decisión que ha debido tomarse desde agosto de 2020 cuando la Superintendencia emitió un informe con 96 hallazgos de ineficiente gestión e incumplimiento de normas constitucionales y legales. 

En el último comunicado de la Super, se dice que identificaron 72 hallazgos financieros, asistenciales y administrativos, y se evidenció incumplimiento en el Plan de Mejora. Es decir, poco o nada cambió desde el informe de 2020.  

La decisión de la Superintendencia separa del cargo a la gerencia y a los miembros cómplices de la Junta Directiva, a quienes se les cayó el hospital en las narices y nada hicieron. 

Con ello se podrá hacer un diagnóstico real de la situación administrativa, financiera, fiscal y estructural del hospital. Es hora de saber a ciencia cierta a cuánto asciende la cartera de esta entidad, los pasivos y la caja. El manejo financiero sin transparencia que se le venía dando no daba confianza a nadie, solo al gobierno departamental. 

Del desempeño independiente y consciente del agente interventor, la visión gerencial para gestionar una eficiente depuración de cartera y aumentar el recaudo, podremos hablar de la bondad o no de la intervención. Aunque en el estado lamentable en el que está el hospital, ¿qué es lo peor que puede pasar?

El primer paso es que dejen de hacerle el quite a la Ley 1122 de 2007, la cual ordena a las EPS cumplir con el 60% mínimo de pacientes del régimen subsidiado atendidos en red pública. Uno supondría que estando de por medio la Superintendencia, las EPS entrarían en cintura y cumplirían con ese porcentaje en relación con el Rosario Pumarejo. Y allí el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Cesar-CRUE- cumple un papel relevante. Por eso es buen síntoma las declaraciones del gobernador encargado de tener toda la disposición de ayudar. 

Pero esa buena voluntad se manifiesta es con hechos y comienza por ayudar a articular el CRUE y EPS con el fin de que el Rosario Pumarejo tenga más pacientes para atender. De la misma manera, la Gobernación debe tener la voluntad de reconocer con claridad la deuda exacta que tiene con el hospital y proceder a su saneamiento. 

En todo caso, la intervención es una buena noticia para el otrora hospital insigne de toda una región, es una victoria del personal de salud que ha pasado por huelgas y protestas para hacerse escuchar hasta llegar a recoger firmas para solicitar la intervención. Solo queda la veeduría ciudadana al proceso de intervención, al diagnóstico del hospital y a las decisiones que se tomen en el marco de este. 

Y ojo, hay otro paciente a punto de morir, el IDREEC. Familias y trabajadores dependen de este instituto que ha sido utilizado por la gobernación para legalizar contratación de la cual poco se beneficia este ente de salud, y en el que a sus trabajadores les deben meses de salarios. Es un imperativo, el IDREEC no se puede dejar morir. 

Por Iván Lozano