Ayer nos referimos a qué esperamos del Gobierno en el 2022.  Presentamos una serie de obras pendientes y algunas esperadas realizaciones, como la de los Juegos Bolivarianos.

Algunas las omitimos pues son obras que  no se concluirán en el presente año, tampoco se iniciarán, pero deberán avanzar significativamente en su construcción, como el importante Centro Cultural de la Música Vallenata, que contrató la Gobernación del Cesar en medio de la controversia. 

Otras son las de los PDET, que se deben ejecutar por los municipios, sobre las cuales hemos aludido, en anteriores editoriales, la necesidad de que las comunidades que estuvieron tan activas en la identificación de las iniciativas, y luego en la estructuración de los proyectos,  no vayan a desaparecer al iniciarse el proceso de contratación y de ejecución de ellos,  cuando es más necesaria la veeduría ciudadana.  

Esto es un desafío para el presente 2022, pero no solo para los alcaldes,  que deberán ajustarse  a la norma de contratación, y con rigor a los pliegos tipos, tratándose de muchas obras viales que los exigen,  sino para la ciudadanía,  los organismos de control y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que,  después de trabajar tan cerca a la población beneficiada y a los alcaldes, no los vaya a soltar. 

Otro aspecto repetitivo es nuestra desilusión porque hay escasos proyectos del Cesar estructurados y registrados en la ART para ser ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos.  

Definitivamente parece que los alcaldes no tienen interés en estructurar proyectos (gastar en diseños) cuando no van a ser contratados por ellos.  

Hay  proyectos claves que ha ofrecido la cartera ministerial de Minas y Energía:  los  parques solares que deben entrar en servicio este año en Valledupar y El Paso. 

Y la ‘colectora’, línea de alta tensión para transportar la energía eléctrica de los generadores eólicos de  La Guajira hasta el Cesar, para conectar a la red nacional.  

Son proyectos ejecutados por privados bajo contratos o autorización de la nación, en los que esta, con el concurso de las entidades territoriales, debe facilitar su curso y apoyar la superación de dificultades,  principalmente con  poblaciones indígenas y afrodescendientes. 

Capítulo especial merece el compromiso ambiental con el departamento de entidades como Corpocesar,  que ha proyectado tramitar un crédito de $65.000 millones para preservar/recuperar el río Cesar. 

La implementación de los Pomcas, la atención efectiva de los Parques Naturales Regionales, y el avance por parte del Gobierno, Ministerio de Vivienda – BID, de la consultoría recién contratada,  sobre el mejor sistema de tratamiento de aguas residuales de Valledupar, hoy descargadas sobre el río. 

También habrá propósitos del municipio en materia ambiental que deben materializarse este año, tales como la escombrera, el centro de atención animal, educación, entre otras. 

Se debe insistir en que se mejore la telefonía, conectividad y digitalización en el departamento, hoy muy deficientes

El sector privado tendrá mucho que hacer en el 2022, pero el tema será desarrollado en el próximo editorial.