Las interceptaciones de llamadas telefónicas y las declaraciones de un guardia de seguridad detenido, fueron algunos de los motivos por los que cayeron los siete dragoneantes del Inpec; señalados de corrupción en la cárcel  ‘La Tramacúa’ de Valledupar. 

Los uniformados Wesly Palacio Mena, alias Niche, Henry Rendón Henao, Fabián Cangrejo Castillo, Edgar Martínez Arias, alias Paspi, Andrey Durán Sánchez, alias Chaval, Jaime Herrera Flórez y Herney Novoa Martínez, fueron delatados por un compañero que aparentemente actuó con ellos para dejar ingresar elementos prohibidos para los internos.

Se trata del guardia Jean Carlos Pérez Valderrama, capturado el pasado mes de agosto junto con 10 personas, por aparentemente dedicarse a la extorsión en el departamento del Cesar.  

En un interrogatorio realizado el  11 de julio de este año, Valderrama confesó las múltiples ‘vueltas’ que llegó a hacer con los demás, en las que dejaban ingresar droga, licor, celulares y sim cards a la cárcel,  todo esto a  cambio de grandes sumas de dinero.

UN CASO CONOCIDO

Reconoció que uno de esos casos en los que participó, ocurrió el pasado mes de abril, cuando a la opinión pública se dio a conocer la captura de un sujeto que intentó  ingresar marihuana y 109 celulares a ‘La Tramacúa’.   

Ese día pretendían dejar entrar a la cárcel una mercancía por valor $100.000.000, pero al momento de ir pasando los paquetes por las paredes, inesperadamente les cayeron los miembros del Gaula.  

El operativo sorpresa se produjo a raíz de las interceptaciones telefónicas que estaban haciendo las autoridades, por las extorsiones que se venían dando dentro de la penitenciaría, en las que pudieron conocer el plan de ingresar los objetos.   

De hecho, esas mismas interceptaciones sirvieron para que la Fiscalía Primera Especializada, adscrita al Gaula Cesar, determinara el papel que cada uniformado jugaba en el entramado de corrupción.  En conclusión, el ente determinó que por lo menos desde el 2019 al 2021, los guardias del Inpec se confabularon con los privados de la libertad para delinquir dentro del penal. 

Así las cosas, el fiscal Juan Carlos Linero solicitó al Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías Ambulante, que mandará a prisión a los dragoneantes, ya que estos representaban un peligro para la sociedad. 

LA DEFENSA

A esta medida se opusieron los abogados defensores, Diego Londoño, Juan Ernesto Rincón y Rodrigo Pinto Vásquez, cada uno por distintos motivos. 

El jurista Juan Ernesto Rincón, consideró que entre lo esbozado por el representante del ente acusador no habían hechos que comprometieran considerablemente a su prohijado, Herney Novoa Martínez. 

Por su parte, el abogado Diego Londoño afirmó que varias circunstancias en las que involucran a su defendido, Jaime Alonso Herrera, no concuerdan con el periodo en el que estuvo de servicio en la cárcel de máxima seguridad. 

“La época de los hechos que narra Pérez Valderrama, quien está aplicando principio de oportunidad, no guardaría relación con mi representado”, precisó Londoño.  

Finalmente, el abogado Rodrigo Pinto presentó varios elementos para demostrar que la Fiscalía carecía presuntamente de pruebas en contra de sus clientes Alejandro Martínez, Andrei Durán, Fabián Cangrejo y Henry Rendón. 

“Dice el fiscal que mis clientes permitían el ingreso de los teléfonos que eran utilizados para la extorsión al interior del establecimiento, pero no hay ninguna denuncia por extorsión; entonces no entiendo como el fiscal imputa concierto para delinquir agravado; habla de una concertación y cuál es, si todos son compañeros del mismo sitio”, precisó Pinto. 

Hasta el cierre de esta edición, la juez todavía no se pronunciaba frente a la medida de aseguramiento.