Solía decir mi compadre Yin Daza que las dictaduras eran las mejores clínicas de las democracias enfermas, sea dictadura de derecha o dictadura de izquierda. Vemos democracias enfermas por el desconocimiento de los fallos judiciales y quebrantamiento de la misma constitución.

Con la apertura del retén de los kankuamos entre Patillal y La Mina se subsana una flagrante violación a la libre locomoción, derecho consagrado en la Constitución Nacional. La etnia argumenta que como autoridad indígena debe preservar la seguridad, orden público, sistema ecológico, la línea negra, tradiciones y ambiente sagrado y axiológico de sus resguardos, al tiempo que la comunidad de Patillal y la ciudadanía en general ripostan y denuncian con vehemencia la vulneración de derechos fundamentales al amparo de la carta política, a partir del peaje que la guardia kankuama instaló en jurisdicción de Patillal, territorio ajeno al resguardo, sin descartar, a manera de presunción, que los nativos querrán ahora marcar territorio en el casco urbano de Valledupar y esperar otro medio siglo para conocer el dictamen de los arhuacos, en consulta previa, con relación al embalse Besotes, sin cuya obra estaríamos condenados a morir de sed. 

Tampoco ha habido voluntad política de los alcaldes, en su cuarto de hora, para hacer cumplir los fallos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y la Corte Constitucional, que ordenaron restituir predios de la Terminal de Transportes de Valledupar en manos de particulares, acción civil y penal promovida por el abogado y periodista David Sierra Daza, convencido de que la ley debe ser la esencia y vigencia del Estado de Derecho.

Para colmo, y también por omisión de equis o ye alcaldes, en administraciones recientes, un particular se apropió y construyó en zona verde del municipio, adyacente a la glorieta Mi Pedazo de Acordeón, sin que haya poder humano que haga demoler el inmueble. Para qué contar la infinidad de áreas de cesión que pierde el municipio por ausencia de alcalde y apropiación descarada de avivatos y urbanizadores inescrupulosos.

 “La mansedumbre le prepara terreno a la tiranía y la pasividad de los explotados sirve de incentivo a la explotación”: José Eustasio Rivera.

Cuando la tiranía surge en la indulgencia de alcaldes blandengues (término acuñado por Virgilio Ardila), para hacer cumplir la norma, sin que le quepa responsabilidad a la indolencia e indiferencia ciudadana, la vida tarde que temprano pasa factura y nos empuja al despeñadero de conductas prevaricadoras por omisión, y tiranos por convicción.

Otra perla que merece la censura social es la permisividad del reciclaje en zona prohibida, a juzgar de la Audiencia Pública que suspendió definitivamente la actividad del Centro de Acopio Recycling en el inmueble de la calle 30D # 28-83 del barrio Villa Olga, zona residencial universitaria, sin que se cumpla la medida policiva de cierre del establecimiento dictada por el inspector urbano Oscar Eduardo Pimienta Acosta, hace más de un mes, a la espera de que la Secretaría de Desarrollo le busque un lugar para reciclar a una empresa privada.

El afán de la misma gente por aniquilar lo público, en este caso a Emdupar, que es lo único que queda sin privatizar, ya es otro tema, porque el usuario en su gran mayoría obra impunemente derrochando el agua potable en el lavado de terrazas y vehículos sin pagar el servicio y haciendo fraude,  víctima de demandas laborales arregladas con jueces, para tener hoy la vergüenza de una empresa aparentemente inviable, con nóminas paralelas, convertida en caja menor, ad portas de un aliado estratégico, que viene a darle, y no lo dude, a donde más le duela al cliente, al golpe de bolsillo, hablando coloquialmente. 

Recordemos la triste historia del Seguro Social, lo mejor que había en infraestructura de salud, pero la misma corrupción de Estado y empleados inescrupulosos trasponiendo los medicamentos en el cielo raso de la edificación, para desviarlos, o la descomunal deuda estatal que nunca se le cubrió a la entidad, causa efecto que llevó a su marchitamiento y extinción. 

Estos y otros hechos no menos aberrantes dieron al traste con el instituto, argumentos que en cierto modo le dan la razón a la privatización, así sea peor la cura que la enfermedad, en medio del marasmo de las EPS, la insensibilidad de Afinia, la usura de Aseo del Norte, la estafa de las operadoras de telefonía móvil y la misma Gases del Caribe, que viene contagiándose de lo malo, por no mencionar los órganos de control y la Superservicios, que ante semejante espectáculo se hacen los de la vista gorda.