Alarmante la racha de noticias que produce la política en Colombia. Los medios de comunicación y las redes sociales ya no dan abasto con tanta polarización, escándalos de corrupción y actuaciones que solo ayudan a aumentar la decepción y el rechazo de los colombianos contra la clase dirigente de este país.

No hay una semana en que las altas Cortes, los órganos de control, la Fiscalía, la Policía o el Ejército, anuncien la apertura de una investigación contra funcionarios públicos por actuaciones tramposas en el ejercicio de sus funciones o la captura de contratistas o cabecillas de grupos al margen de la ley. Claramente, esta forma de corruptela política es consecuencia de lo que el estadista conservador Álvaro Gómez calificó como “El régimen político de los compromisos, sobornos y complicidades”, afirmación que sigue estando vigente, teniendo en cuenta el gigantesco presupuesto anual que deben gastarse la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Rama Judicial (18 billones de pesos), la Policía y el Ejército (41.5 billones de pesos), para investigar, juzgar y condenar corruptos y delincuentes.

Otra noticia de mucho debate y discusión durante esta semana fue la forma cómo se aprobó el Presupuesto General de la Nación -PGN- para el 2022 en el Congreso de la República. Muchos analistas vemos con preocupación el desequilibrio en la distribución de los recursos. Mientras a la Agencia de Prosperidad Social le asignaron un presupuesto de 23 billones de pesos, los sectores estratégicos llamados a jalonar la inversión para crear más empresas, generar mayor empleo y reactivar la economía (agricultura, industria, comercio, turismo, infraestructura, ciencia y tecnología), quedaron relegados en los últimos lugares en el reparto de los recursos. Un país que aumenta los subsidios sociales para tapar la pobreza lo que hace es aumentar más la pobreza.

Cuando se le paga a la gente por no trabajar y cuando se regalan los recursos, siempre se termina en la quiebra. Con todo el respeto que siento por este gobierno que ayudé a elegir, considero que ese no es el camino para sacar el país adelante. El problema de Colombia es el desempleo, y no se puede convenir un presupuesto sin tener en cuenta este problema. Como tampoco se puede gastar más de lo que se recauda, sobretodo en programas redistributivos de fuentes de pobreza.

Continuando con la noticia del PGN-2022, vemos que al Gobierno y al Congreso se les olvidó especificar el destino de los recursos de cada peso para poder hacerle trazabilidad a la ejecución de los mismos y así evitar los peajes (comisiones) en la ruta de su ejecución y poder medir el impacto en la generación de riqueza, empleos y mejor calidad de vida de los ciudadanos. Con la bajada de cadena a la caravana de dineros públicos que se van a girar a los entes territoriales y entidades descentralizadas en plena campaña electoral sin ley de garantía, es imposible lograr combatir el peor de los males que tiene este país: la corrupción política.

Y mi última reflexión. Si los colombianos queremos transformar este país debemos comenzar por transformar el Congreso de la Republica. Necesitamos un Congreso que haga buenas leyes, ejerza buen control político y actúe con transparencia. Eso solo depende de nosotros.