La ejecución de los planes de desarrollo y de los proyectos de las gobernaciones de La Guajira y del Cesar despierta preocupación entre la población y conocedores del tema debido a que ambos entes departamentales están bajo la dirección de un gobernador encargado. Dicha situación podría afectar los procesos contractuales que están contemplados dentro del Pacto Territorial Cesar–Guajira.

Así lo dieron conocer expertos en Ciencias Políticas consultados por EL PILÓN, quienes aseveraron que la instalación de un gobernador encargado genera traumatismos en el gabinete departamental, en la población e incluso en las relaciones políticas con los demás departamentos debido a que es un ente territorial “que está atravesando un periodo de inestabilidad”, lo cual puede repercutir en los acuerdos que realice.

“Cuando el Gobierno nacional determina un gobernador encargado generalmente se produce una pausa en el plan de trabajo que está desarrollando el ente departamental, porque al encargado se le debe poner al tanto de la situación política, administrativa y contractual de la entidad”, explicó el experto.

En ese sentido, para que no haya una ruptura de los procesos se necesita mucho compromiso de las sectoriales a cargo de los proyectos; es decir, que sean “ellas mismas las que lideren las iniciativas mientras regresa el gobernador electo o es elegido uno nuevo”.

PLAN TERRITORIAL CESAR-GUAJIRA

El Pacto Territorial Cesar–Guajira establece la financiación de 43 iniciativas por un valor de $1.78 billones en el Cesar. De ese grupo, 19 hacen parte del sector transporte, el cual concentra una inversión de aproximadamente $972.574 millones. También está contemplado el proyecto a doble financiación del Plan Vial Departamental, que tiene un costo superior al medio billón de pesos, de los cuales la nación se comprometió con $324.000 millones y el ente territorial con $216.000 millones, entre otros proyectos.

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Dichas iniciativas fueron firmadas con el compromiso de abordar la mayoría de los estatutos legales, documentación y procesos contractuales ante de finalizar el 2023, año en el que se terminaba el período de gobierno establecido para Luis Alberto Monsalvo y Nemesio Roys. Sin embargo, juristas consultados por EL PILÓN aseveraron que el proceso penal en contra del mandatario del Cesar puede que no termine antes de ese año debido a que es un trámite largo y complejo al que le auguran de dos a tres años de duración.

En ese sentido, el secretario de Ambiente Departamental, Andrés Meza, fue el seleccionado para ser el gobernador encargado del Cesar, luego de que el Tribunal Superior Judicial de Bogotá dictara medida de aseguramiento con detención preventiva domiciliaria contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco y fuera apartado del cargo.

“LAS OBRAS NO SE DETENDRÁN”: INFRAESTRUCTURA DEL CESAR

Sobre la continuidad de los proyectos del Pacto Territorial Cesar–Guajira, la secretaria de Infraestructura del Cesar, Esther Mendoza, aseguró que las iniciativas no se detendrán mientras la Gobernación esté bajo un encargado.

“El Plan Vial Departamental actualmente se encuentra en el proceso final de verificación de toda la documentación correspondiente a los 20 tramos. Finalizada esa etapa el Gobierno nacional girará los recursos para el proyecto, y esperamos que antes de finalizar el mes de septiembre el convenio esté listo para iniciar el proceso de contratación”, explicó Mendoza.

Por otro lado, indicó que están enviando al Ministerio de Salud los diseños para la construcción de cinco hospitales en los municipios de Manaure, El Paso, Agustín Codazzi, Curumaní y González. En ese sentido, manifestó que serán cinco etapas de estudio que deberá pasar este proyecto para la adjudicación de los recursos. De acuerdo con el pacto, el costo total de estas edificaciones sería de $70.000 millones. De esa cifra, $42.000 millones los aportará el Gobierno nacional y $28.000 millones el territorio.

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También aseveró que están en el proceso de licitación de una de las iniciativas del Plan de Infraestructura Educativa Departamental, el cual esperan finalizar las primeras semanas del próximo mes, agregando que buscan que dicho proyecto fortalezca las estructuras físicas de los colegios mediante la construcción de aulas polivalentes con recursos tecnológicos.

¿LA GUAJIRA REPETIRÁ HISTORIA?

El pacto contempla para La Guajira alrededor de 30 iniciativas por un valor de $1.12 billones. Una de las sectoriales que tendrá mayor inversión es el área de transporte con aproximadamente $615.000 millones. En ese sentido, algunos de los proyectos son: conexión Alta Guajira (Uribia-Puerto Bolívar- Estrella), por un valor de $300.000 millones; la construcción del tramo Cabo de la Vela-Nazareth, por $190.000 millones, entre otros.

Dentro de las iniciativas está contemplada la construcción de vías que atraviesan el desierto de La Guajira, lugar en el que se concentra la pobreza, según el Departamento Nacional de Estadísticas Nacionales, DANE. Dicho proyecto permitiría un mayor acceso a los programas sociales encaminados a atender la población vulnerable. Por lo anterior, el mandatario electo de La Guajira, Nemesio Roys, aseveró en ese entonces que sería uno de los proyectos priorizados. Sin embargo, el Consejo de Estado le anuló su elección como gobernador de ese territorio por doble militancia política.

Dejando así a los pueblos indígenas de esos territorios en la incertidumbre sobre si será o no cumplido el acuerdo. Al respecto, José Jaime Vega, gobernador encargado por el Ministerio del Interior, aseveró que los procesos que se venían desarrollando no se suspenderán y que, al contrario, seguirán con mayor firmeza.

“Vamos a continuar con los programas y proyectos de la mano con la Asamblea Departamental y de los guajiros. Todas las facultades administrativas que me otorga el Decreto 988 son una buena oportunidad para que no se suspendan los procesos que se estaban llevando a cabo”, comentó Vega. Como gobernador encargado entra a la lista de los más de 10 dirigentes departamentales que ha tenido ese territorio en los últimos nueve años.

Esos cambios constantes de mandatarios han causado una crisis de ingobernabilidad que ha propiciado el incumplimiento de varios proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los guajiros, población que ha presentado los mayores índices de pobreza del país, según el DANE.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN

@namiibb