Un total de 52 carros que fueron sometidos al proceso de chatarrización y que fueron analizados por la Fiscalía habría dejado al descubierto al reconocido ‘Cartel de la chatarrización’, que aparentemente se orquestó en la Secretaria de Tránsito de Valledupar, bajo el liderazgo de su entonces director Oscar Miguel Tom Socarrás y el exasesor jurídico, Leonardo Mestre Socarrás. 

Así lo reveló la Fiscalía 5 seccional, representada por Johan Ustariz, en el marco de la audiencia de formulación de acusación que se desarrolló la mañana del viernes en el Juzgado Tercero Penal Mixto con función de Conocimiento de la ciudad en contra de los dos mencionados funcionarios. 

Junto a ellos también son procesados la exfuncionaria Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez y los ciudadanos Fabián Zuleta Torres, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López, Luz Mabel Jácome Bastidas, Nathalia Rosa Gómez Polo y José Vicente Ustariz Quintero. 

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Durante la audiencia la Fiscalía explicó, además, que entre junio de 2014 hasta diciembre de 2015 se analizaron los automotores sometidos al proceso de desintegración expedido por el Gobierno nacional, los cuales presentaron irregularidades en sus características y documentación.

Es decir, estos no cumplían con los parámetros establecidos por el Estado, entre las que se encontraban que el vehículo estuviera registrado en el Runt, estuviera activo en la prestación de servicio,  libre de gravámenes, tener un peso de 10.500 kilogramos, no ser volqueta, ni vehículo compactador blindado para transportar valores o recolectores de basura, que no haya  sido modificado a partir del 1 de enero de 2008 y tener una antigüedad no menor a 25 años.  

“Todos estos trámites fueron diligenciados ilícitamente por todos los funcionarios y tramitadores ajenos a este organismo de tránsito (Ministerio), los cuales de común acuerdo falsificaron traspasos y modificaron las características de los vehículos, ocultaron capetas, certificaron falsedades y engañaron a los funcionarios públicos del Ministerio de Transporte, haciéndolos ‘incurrir en hierro’ (equivocación) para lograr su propósito final, que era apropiarse del dinero del Estado destinado al pago y reconocimiento de la compensación por chatarrización”,  manifestó el fiscal. 

Las compensaciones del Gobierno variaban de acuerdo a las características del automotor entre 35, 50 y hasta 70 millones de pesos, debido a que la estrategia estaba orientada a modernizar el parte automotor de carga y sacar de circulación los vehículos viejos y obsoletos que generaban contaminación. 

CUATRO CASOS

Como ejemplo el ente trajo a colación cuatro casos, en los que se vería reflejado la manera en que presuntamente actuaron los investigados.  Uno de ellos es el carro de placas  UWA-456, que fue sometido al proceso de desintegración  a nombre Omar Antonio López.   Al respecto, conocieron que el dueño del vehículo era Arturo González, quien manifestó que fue a realizar la revisión tecnomecánica de su carro y no pudo porque le aparecía chatarrizado, situación que no entendió porque no había hecho esa solicitud y tenía el carro.  

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Otro caso involucró al automotor de placas LDK-425, el cual años atrás había sido vendido por partes por un señor que murió en el 1995 y aun así apareció chatarrizado.  

El tercer afectado fue el propietario de vehículo de placas UWJ -289, el cual un día iba a pagarle los impuestos al carro y no pudo porque apareció chatarrizado por la Secretaría de Tránsito. Finalmente, otro manifestó similar circunstancia en el año 2014. 

Los implicados serán llevados a juicio; sin embargo, la audiencia de acusación fue suspendida  para continuarla el próximo 5 de agosto. Lo anterior, debido a que la defensa representada por Benjamín Jaimes Quintero, Diego Londoño, Leonardo Daza, entre otros, mostró molestia por no tener en físico las adiciones que la Fiscalía le estaba haciendo al escrito de acusación.